Las universidades, obligadas a devolver ocho millones de ayudas sin justificar

Los reintegros abarcan subvenciones para investigación concedidas por el Ministerio de Economía desde 2006. Los fondos estatales otorgados en ese período superan los 448 millones de euros.

El pasado septiembre, las nueve universidades públicas andaluzas celebraban la concesión de 34,7 millones de euros por parte del Ministerio de Economía y Competitividad para desarrollar investigaciones en los próximos cuatro años. Desde 2013, han recibido 125 millones para impulsar la investigación. Pero la concesión supone solo el primer paso para los titulares de los proyectos; su acción no culmina hasta que el Ministerio acepta definitivamente las justificaciones de gastos realizados. Si los rechaza por insuficientes, las universidades disponen de diez días hábiles para responder al requerimiento de subsanación. Eso implica presentación de documentos, facturas de material, justificaciones telemáticas, billetes de tren o avión, taxis... la «excesiva burocracia» que rodea a los proyectos científicos supone un problema que reconocen tanto los propios investigadores como las instituciones que reciben y conceden las ayudas: se pierde una gran cantidad de tiempo en recopilar gastos mínimos para respaldar la concesión de las ayudas económicas. Las universidades admiten que los amplios requerimientos y sus exiguos plazos las han situado en ocasiones en la obligación de devolver los fondos públicos captados, ocasionando un evidente perjuicio para sus cuentas. Desde 2006, las universidades se han visto obligadas a devolver 8,1 millones de euros no justificados, según información facilitada por la Secretaría de Estado de I+D+i. En ese período recibieron 5.884 ayudas por un importe global de 448,7 millones de euros, lo que supone un 1,8% devuelto.

Por universidades, la de Almería ha reintegrado medio millón de los 23 que recibió; la de Cádiz, captó inicialmente 28 millones y ha tenido que devolver 600.000 euros; mientras que Córdoba ingresó 42,2 millones, de los que 403.000 no estaban justificados. Granada ha sido la que más fondos se ha visto obligada a devolver: 2,2 millones de los 115 percibidos. Huelva dejó sin justificar 254.000 euros de 15,5 millones recibidos. La Universidad de Jaén ha tenido que ingresar al Ministerio 314.000 euros de 18,8 millones. Málaga es la que porcentualmente más ayudas ha perdido: el 2,8% (1,7 millones de los 61 ingresados). La US lidera la captación de ayudas, con 121 millones de euros y no justificó el gasto de 1,8 millones. Por último, la Pablo de Olavide ha devuelto 252.000 euros de los 23 millones destinados a investigación. Estos reintegros per-tenecen a once líneas de ayudas, excluyendo las convocatorias de recursos humanos. Fuentes de la Secretaría General aclaran que hay más expedientes de reintegro por resolver, además de otras ayudas correspondientes a los ejercicios precedentes que aún no han concluido la fase de justificación. Este procedimiento es recurrible en el plazo de 15 días y si finalmente prospera, la administración dispone de un plazo de doce meses para resolver.

El Ministerio mantiene habilitada una plataforma virtual para realizar los obligados trámites de justificación, con formularios diferentes para cada actividad. Por ejemplo, si se realiza un viaje para asistir a un congreso, se exige desglosar el tipo de transporte utilizado, número de noches de alojamiento, las dietas por manutención imputables, así como el coste derivado de la inscripción al citado congreso, además de detallar los motivos del desplazamiento y las fechas. Todo debe incluirse en una aplicación denominada justiweb para que se validen los gastos. Un procedimiento similar deben seguir con cada partida presupuestaria y en caso de que se realicen contrataciones. Una tarea que supone una carga de trabajo extra debido a la ingente cantidad de documentación que se les solicita, según relataba a LA RAZÓN el vicerrector de Investigación de la Hispalense, Julián Martínez, que aseguraba que la documentación de cada proyecto llegaba a ocupar «hasta dos cajas», para lo que deben contratar personal administrativo para ajustarse al plazo de diez días hábiles establecido para contestar a un requerimiento de subsanación.

Estas trabas no pasan desapercibidas para el Ministerio, que reconoce en los prolegómenos del Plan Nacional Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 la «excesiva carga burocrática soportada por los usuarios» como la principal «deficiencia estructural» del anterior plan, algo que no se ha subsanado.

Como autocrítica en la gestión, fija la atención también en «la insuficiente coordinación entre unidades, el excesivo número de instrumentos y, como consecuencia, la fragmentación de la financiación; los fallos de la planificación temporal de las convocatorias y la falta de previsibilidad de las mismas». Igualmente, lamenta «las carencias y debilidades del seguimiento científico-técnico ex post de las actuaciones financiadas; la escasa valorización y difusión de los resultados de las actividades financiadas en el conjunto del sistema, y los cambios competenciales entre distintos departamentos ministeriales, lo que ha dificultado el desarrollo normal de los programas».