Servicios sociales prevé censar la atención a la etnia gitana

Quienes acudan a los servicios sociales para recibir atención deberán indicar su «afiliación étnica». La Junta pretende saber a cuántos gitanos atiende, siguiendo las indicaciones del Plan Integral para la inclusión de la comunidad gitana aprobado el año pasado. La medida supone en la práctica realizar un censo de las personas que son atendidas por sus dificultades económicas y sociales. El Gobierno andaluz se apoya para revestirlo de legalidad en que esos datos se emplearán «con el exclusivo fin de la explotación estadística», pero podría chocar con derechos fundamentales de los ciudadanos. De hecho, antes de aprobar esa decisión consultó a las autoridades estatales de protección de datos, según admite en el propio texto, y requerirá la autorización expresa de cada usuario.

Fuentes de la comunidad gitana consultadas por LA RAZÓN se han mostrado «totalmente en contra» de un censo de ese tipo al entender que supone «una discriminación y no aporta nada». «Podría utilizarse para otros fines. Al final los datos están ahí y dependerá de la voluntad de quien los guarde», alertan. En su opinión, la adscripción voluntaria invalidaría los resultados. «Habrá gente que no quiera decir que es gitana o al contrario. Nadie tiene por qué decirlo. Las políticas sociales deben mirar la vulnerabilidad de la persona independientemente de su origen, etnia o condición sexual».

En el Plan se analiza la situación de los 350.000 gitanos que viven en Andalucía. Glosa sus características comunes y vierte una serie de datos para respaldar las actuaciones que propone, y en las que invertiría 228 millones de euros en cuatro años (2017-2020).

En el extenso documento, elaborado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, figuran otras apreciaciones que contradicen el carácter integrador que propugna. Un ejemplo son las valoraciones sobre los gitanos extranjeros, en su mayoría rumanos y búlgaros. La Junta se sorprende de que «esta población presenta otra forma de ser gitanos no siempre coincidente con las que sostiene la comunidad gitana autóctona». Da por hecho que por ser gitanos deben establecer una relación de comunidad, a pesar de no compartir ni idioma ni muchos otros rasgos, como ocurriría con cualquier otro europeo que se instalara en Andalucía.

A lo largo de varias páginas prosigue con las comparaciones con la «población romaní procedente de otros países», llegando a asegurar que «no se aprecian diferencias significativas en el estado de salud de la comunidad gitana autóctona con la proveniente de Rumanía y Bulgaria». Todo ello pese a que admite en diversas ocasiones que desconoce extremos básicos como cuántos hay o dónde residen, por lo que propone diseñar un mapa con los municipios donde más extranjeros gitanos viven. Sí realiza estimaciones sobre las provincias donde más españoles residen: en Sevilla por número (23,7%) y en Granada es donde tienen un mayor peso poblacional (el 7,5% de los granadinos). Al inicio distingue entre lo que denomina «gitanos invisibles» –«con este término nos referimos a personas que no manifiestan externamente su identidad cultural y están plenamente integradas», dice literalmente el texto– y «el resto», que suponen un tercio del total (unos cien mil). A gran parte de ese porcentaje los sitúa en «zonas de transformación social» y serían «la población diana hacia la que se dirigen, prioritariamente, las políticas sociales de la Junta».

El «estigma» se mantiene con los libros de texto y los colegios «segregados»

Gitano: trapacero. Contra esa denigrante definición del diccionario de la Real Academia han luchado asociaciones gitanas este mismo año sin éxito. Parte de su discriminación diaria está también en los libros de texto, donde se les dibuja como personas «en exclusión, pobres y nómadas», estableciendo un relato único sobre un colectivo muy heterogéneo. El cambio de esos libros que circulan en colegios públicos es uno de los objetivos que la Junta se impone en su Plan de inclusión de la comunidad gitana. Se quejan también los afectados de que la «segregación» de facto en la asignación de plazas en determinados barrios. Así lo denuncia en una campaña publicitaria la Fundación Secretariado Gitano, que recrimina a Educación que concentre a los niños en un solo centro, pese a haber otras opciones en el mismo barrio. Se perpetúa la creencia «de que los gitanos están más a gusto solos. Son tópicos que institucionalmente se mantienen todavía», critican. Sucede también en los medios de comunicación, insistiendo en ligarlos al flamenco, las drogas o una determinada forma de vida, tomando a una parte por el todo. «Hay mucha gente que tiene déficits en cuestiones básicas de bienestar social como vivienda, empleo, educación y salud», razonan para apoyar la necesidad de planes como el aprobado, siempre que corrijan sus errores.