Una alianza contra la pobreza infantil al ralentí

Save the Children y Unicef, dos de las entidades que firmaron el pacto hace un año, alertan de la lentitud en la toma de decisiones y exigen acciones «con presupuesto» y objetivos «medibles»

Dos niños corren por el asentamiento chabolista del Vacie, ubicado en Sevilla
Dos niños corren por el asentamiento chabolista del Vacie, ubicado en Sevilla

Save the Children y Unicef, dos de las entidades que firmaron el pacto hace un año, alertan de la lentitud en la toma de decisiones y exigen acciones «con presupuesto» y objetivos «medibles»

«No caben discursos ni palabrerías, sino hechos». Así se expresó el 25 de junio de 2015 la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ante una treintena de representantes de entidades sociales y ONG en la firma de la denominada alianza para la lucha contra la pobreza infantil en Andalucía, una estrategia que pretendía poner coto a las elevadas tasas de pobreza infantil en la comunidad autónoma –según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 51,1 por ciento de los menores andaluces está riesgo de exclusión social, lo que supone unos 834.000 niños–. Díaz aseguró entonces que la medida era «urgentísima» y que el Gobierno andaluz no iba a «escatimar esfuerzos» para ayudar a «miles y miles de familias después de unos años durísimos de crisis». Un año después de aquella declaración de intenciones, las cifras han empeorado –Andalucía se sitúa a la cola en las estadísticas del INE y de Cáritas (informe Foessa) sobre pobreza y exclusión social– y el pacto que nació con muchas expectativas apenas ha echado a andar.

Según recuerda Javier Cuenca, delegado en Andalucía de Save the Children, se creó una comisión de seguimiento con un representante de cada colectivo firmante, entidades que no sólo pertenecían al ámbito social, sino también al académico, instituciones como el Defensor del Pueblo y empresas. Esta comisión se ha reunido en dos ocasiones. Igualmente, se crearon cuatro grupos de trabajo para desarrollar el documento. A su juicio, el trabajo «va más lento de lo que nos esperábamos». «Toda medida que vaya a paliar la situación de los niños andaluces nos parece buena», puntualiza Cuenca, quien subraya que «hicimos aportaciones al documento, aunque no se tomaron en cuenta todas». No obstante, reconoce que el informe inicial «está bastante completo», con acciones concretas que deben desarrollar los servicios sociales y la Consejería de Educación, pero el trabajo de los grupos «está muy en origen».

En la misma línea se expresa Maribel Martínez, coordinadora de Unicef-Comité Andalucía, quien reconoce que «acogimos muy positivamente esta reacción de la Administración». Martínez destaca el trabajo «en red» a la hora de hacer aportaciones, pero «no sólo hace falta hacer una fotografía de la situación, sino tomar decisiones». En este punto, sostiene que «el liderazgo tiene que estar en la Administración, y quizás no está siendo del todo fuerte», por lo que aprecia una «dejadez de responsabilidades». En cuanto al marco creado, Unicef está de acuerdo con el mismo, aunque sostiene que se incide demasiado en la privación material severa y no tanto en el trabajo con niños en riesgo, que «son los que van a engrosar en un futuro las bolsas de pobreza».

Mientras tanto, la situación no ha hecho más que agravarse. Cuenca lamenta que los datos que se van publicando «son bastante deprimentes» y corroboran que «la pobreza de las familias es algo estructural». También le preocupa que estas iniciativas «sin presupuesto ni objetivos de reducción de pobreza medibles acaben en una vía muerta». Martínez, de su lado, alerta de que hay niños que no tienen una alimentación adecuada –no comen al menos dos veces a la semana carne o fruta–, no tienen acceso al ocio y en sus casas hay privación energética. «Que esto siga pasando en una de las 15 potencias económicas del mundo, como es España, no es tolerable».

Los tiempos de la política, además, parece que no ayudan a ir en la velocidad adecuada. La sucesión de elecciones han paralizado numerosas iniciativas relacionadas con la protección social y «los niños no pueden esperar más», sostiene Cuenca. En su opinión, es la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales la que tiene que liderar las acciones de la alianza, siempre en colaboración con las entidades sociales porque «es la única manera de sacar esto adelante». «Esperamos que estas acciones no se queden en dar vueltas a los grupos de trabajo». Por su parte, de cara a las próximas elecciones, Unicef ha reclamado a los partidos políticos que «los niños sean una prioridad en la próxima legislatura». «Volvemos a pedir medidas concretas y queremos oír a los partidos hablar de infancia», sostiene Martínez, al tiempo que exige un pacto nacional por la infancia que «atienda la grave situación que sufren cada vez más menores en España».

No obstante, ambos colectivos elogian algunas iniciativas que ha desarrollado la Junta en favor de la infancia, que «han llegado a ser pioneras». Por ejemplo, los decretos de ayuda alimentaria o la gratuidad de la educación de los niños de cero a tres años. Pese a todo, según Unicef, «la situación sigue siendo tremenda y se necesitan acciones mucho más eficaces». Por su parte, Save the Children valora la reciente aprobación del segundo Plan de Infancia y Adolescencia, que prevé una inversión de 673 millones de euros en los próximos dos años. Entre otras medidas, incluye el desarrollo de un pacto por la infancia, la promoción del éxito escolar y la reforma de la Ley de los Derechos y Atención al Menor. De esta manera, Cuenca destaca que las políticas públicas tienen ahora mismo dos focos destacados hacia la infancia, el reciente Plan de Infancia y la alianza, por lo que «estaremos atentos para comprobar cómo casan y cómo llegamos al año 2020».

El documento por el que se creó la alianza contra la pobreza infantil incluye varios ejes de trabajo –servicios sociales, educación, salud, vivienda y potencialidades ciudadanas y nuevas formas de gobernanza–. El pacto nació sin una dotación presupuestaria concreta, aunque la Junta recordó en el momento de la firma que había invertido 165 millones de euros a políticas relacionadas con la infancia en 2015 y 700 millones desde el año 2012.