Asuntos sociales

El Consejo Consultivo se consolida como garantía de derechos y del interés general

Su presidente, Mario Amilivia, defiende la independencia, eficacia y efectividad de este órgano

Mario Amilivia destaca a LA RAZÓN que el Consejo Consultivo de Castilla y León ahorra dinero público porque evita litigios, mejora la calidad democrática porque garantiza el interés general y salvaguarda los derechos de los ciudadanos
Mario Amilivia destaca a LA RAZÓN que el Consejo Consultivo de Castilla y León ahorra dinero público porque evita litigios, mejora la calidad democrática porque garantiza el interés general y salvaguarda los derechos de los ciudadanoslarazon

Poco a poco, sin prisa pero sin pausa, con cercanía y proximidad, pero especialmente con eficacia y eficiencia, el Consejo Consultivo de Castilla y León se está consolidando como garante de los derechos de los ciudadanos y del interés general, ayudando a las administraciones a tomar las mejores decisiones.

Los datos de la última memoria de 2015 así lo atestigua: 513 dictámenes emitidos sobre anteproyectos de ley, reglamentos ejecutivos y legislación delegada. La mayoría, derivados de consultas sobre responsabilidad patrimonial, con especial hincapié para el ámbito sanitario. A ello hay que sumar las 101 resoluciones, más tres acuerdos, despachados por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, cuyo objetivo es la transparencia y el buen gobierno mediante el control de la contratación pública. Y, sobre todo, destaca que el 96 por ciento de resoluciones adoptadas por las Administraciones lo fueron de acuerdo a lo dictaminado por el Consultivo. «Esta es la autorictas del Consejo, nuestra razón de ser», destaca a LA RAZÓN su presidente, Mario Amilivia, mientras defiende la labor de este órgano en un momento en el que se habla y mucho en España de supresión de instituciones como diputaciones, ayuntamientos, el Senado o el propio Consejo Consultivo. Partidos políticos como Ciudadanos y la Unión del Pueblo Leonés (UPL) han planteado su eliminación para racionalizar el gasto público y por duplicidad de funciones. Para Amilivia, la desaparición del Consultivo no tendría sentido, «porque supondría una merma de garantías». Y de llevarse a efecto, advierte de que sería el Consejo de Estado quien se encargaría de esta función consultiva, y que habría que tener en cuenta que esta institución, la más antigua de España, no dictamina sobre anteproyectos de Ley de las comunidades. Igualmente, recuerda que desde hace cuatro años tienen las competencias del Tribunal de Recursos Contractuales, y que, de eliminarse el Consultivo, habría que crear otro órgano o tribunal independiente «porque es obligatorio por Ley», para depurar la contratación administrativa. «Los contratos municipales irían a un tribunal en Madrid y se resolverían en los plazos del Consejo de Estado, que son más amplios», señala, mientras destaca que en el Consultivo se emiten dictámenes en veinte días como máximo, que han sido doce en el 63 por ciento de los casos, mientras que el Consejo de Estado lo hace en dos meses como mínimo.

Amilivia tiene claro que la labor de este órgano genera ahorro a las arcas públicas, porque evita litigiosidad; mejora la calidad democrática al depurar la contratación administrativa y garantizar la mejor oferta y el interés general; y salvaguarda los derechos de los ciudadanos. «Y lo hace desde el ámbito de una actuación que es necesaria e irrenunciable». Admite el desconocimiento existente sobre la labor del Consultivo, que achaca a la complejidad de los asuntos que tratan, pero asegura que para acercar más la institución trabajan explicando sus funciones y razón de ser a través de jornadas, encuentros institucionales, cursos de formación o visitas de escolares. Al respecto, cada año pasan por la sede más de cinco mil personas.

Y de cara al futuro, Amilivia augura estabilidad en la función consultiva, pero cree que el Tribunal de Recursos Contractuales tendrá mayor relevancia, debido a que la salida de la crisis provocará un aumento de la contratación pública y, por ende, una mayor litigiosidad.

Prudencia al reformar el estatuto

Castilla y León afrontará esta legislatura su cuarta reforma estatutaria. Amilivia tiene claro que para tocar el Estatuto debe imperar el consenso, y que se estudie con seriedad para distinguir qué es materia de esta norma, de competencias y de desarrollo legislativo. «En mi opinión, cuanto menos se toque, mejor», dice, mientras pide prudencia y advierte de las novedades parafraseando a Juan de Mairena: «En política y en el arte, en ocasiones los novedosos apedrean a los originales».