Ordenación territorial

Uno de los retos de la Junta para esta legislatura es poner un poco de orden en la compleja y casi insostenible ordenación territorial de Castilla y León, con el fin de hacerla más operativa y garantizar los mismos servicios a todos los ciudadanos, independiente de en qué municipio vivan de los 2.247 existentes en la actualidad.

La Consejería de Presidencia ha trabajado durante más de año y medio para sacar adelante un anteproyecto de ley que crea la unidad básica de ordenación y servicios en el territorio, concebida como elemento esencial de esta reestructuración, cuyo fin último es ganar en eficacia y fomentar las agrupaciones de municipios para buscar la racionalidad.

Si hay un territorio en España en el que exista una complejidad extrema para su ordenación ese es Castilla y León: casi 95.000 kilómetros cuadrados con una densidad de población de menos de 27 habitantes, lo que conlleva una dispersión y una atomización que dificulta y encarece sobremanera la prestación de los servicios más fundamentales, como los sociales, la salud y la educación.

El anteproyecto ha optado no solo por mantener las diputaciones sino por otorgarles un papel fundamental tanto en la ayuda a los municipios más necesitados, algo que encaja perfectamente con la naturaleza de estas instituciones, como en el fomento de las mancomunidades de interés general, con las que se pretende favorecer las fusiones voluntarias de municipios, tarea que, combinada con una adecuada descentralización, precisamente puede guiar a las corporaciones provinciales a su propia rentabilidad y convertirse en el núcleo de su existencia.