Óscar Puente suprime el impuesto de basuras y congela el resto de tributos

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid aprobó el proyecto de modificación de Ordenanzas Fiscales, que entrará en vigor el próximo año. Como novedad más significativa, destaca la supresión de la tasa de basuras. Decisión que ahorrará a los vallisoletanos un desembolso de diez millones de euros. En la presentación ante los medios de comunicación, los responsables municipales señalaron que «se trata de un tributo injusto para los ciudadanos, puesto que ya se ha venido pagando incluido en el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza urbana al que se incorporó en 1983, y además innecesario para el adecuado funcionamiento de la Administración municipal».

Igualmente, resaltaron que, para 2016, se congelan todos los impuestos y tasas municipales y se mantienen todas las bonificaciones fiscales vigentes en 2015. Esto significa que los ciudadanos no verán incremento alguno en sus recibos tributarios municipales y que tampoco verán disminuida ninguna de las bonificaciones de las que hasta ahora venían disfrutando. Según explicó el alcalde, Óscar Puente, «en esta nueva línea política de toma de decisiones pensando exclusivamente en las necesidades de los ciudadanos, se han adoptado otra serie de medidas que facilitan las relaciones entre éstos y la Administración municipal, medidas tales como la ampliación de plazos en la solicitud de algunas bonificaciones, la eliminación de tarifas abusivas, o la clarificación regulatoria necesaria en algunas Ordenanzas Fiscales para hacer más sencilla y comprensible la normativa tributaria». Además de la eliminación de la tasa de basuras, el IBI no experimentará variaciones en su cuantía, con respecto al de 2015.

Del mismo modo, se amplía el plazo para la presentación de la documentación necesaria para ser beneficiario de la bonificación que se otorga a las familias numerosas. El actual se extendía a los dos primeros meses del año y ahora se alarga hasta principios del mes de junio, coincidiendo con el del fin del periodo voluntario para el pago del impuesto. Esta medida se estima que podría afectar a más del 25 por ciento de las familias posibles beneficiarias de la bonificación, con una repercusión económica próxima a los 80.000 euros.