Permitir que los municipios más pequeños de la provincia reciban asistencia jurídica en sus litigios contenciosos-administrativos, civiles y laborales. Éste es el objetivo del convenio de colaboración firmado entre el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, y el decano del Colegio de Abogados de Salamanca, Fernando Dávila.

La principal novedad de un convenio que lleva vigente desde el año 2004 es que a partir de 2016, los requisitos necesarios para acogerse al mismo pasarán de integrar a las localidades de hasta 500 habitantes con un presupuesto ordinario menor de 180.000 euros, a hacerlo con los municipios de hasta 1.000 habitantes con un presupuesto que no supere los 250.000 euros, consiguiendo el objetivo de «incrementar sensiblemente el número de municipios que pueden beneficiarse de este convenio y llegando hasta, aproximadamente, 232», explicó Javier Iglesias. El presidente de la Diputación salmantina aseguró que la institución que comanda «tiene la obligación de estar al lado de los municipios, especialmente de los más pequeños, y estas acciones están encaminadas a tal fin». Según Iglesias, con este convenio la Diputación «pone las herramientas para las localidades con menor población puedan tener un nivel de defensa jurídica adecuado, pagado y sustentado por la propia institución provincial».

Por su parte, el decano del Colegio de Abogados salmantino señaló que «la vocación de un abogado es defender a los más desfavorecidos y en este caso, a los pueblos más pequeños», para pasar a explicar posteriormente el funcionamiento que prevé el acuerdo: «Se realiza un turno con abogados especializados en temas administrativos. Cuando hay un problema, se nombra un abogado que lleva el pleito con absoluta independencia y una vez finalizado, se cobra», explicó.