Colau pide a las empresas de suministros que ayuden a paliar la pobreza energética

Un diez por ciento de los hogares, unas 150.000 familias, tienen dificultades para pagar las facturas de luz, agua y electricidad

A expensas de conocer el resultado final de sus gestiones, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha aprendido, pese al poco tiempo que lleva en el cargo, el arte de los grandes anuncios de todo político. No pasa una semana sin que la alcaldesa se apunte, a priori, un tanto de cara a los barceloneses más desfavorecidos. Ayer, sin ir más lejos, se reunió en el Ayuntamiento con los responsables de las empresas de suministro de servicios básicos, es decir, de agua, luz y gas, que operan en la ciudad. Según los datos del Consistorio, un diez por ciento de las familias barcelonesas están en situación de pobreza energética y no podrán hacer frente a las facturas esta Navidad. Así, la alcaldesa intentó mediar para evitar los cortes de suministro a estas familias.

Con el invierno a la vuelta de la esquina, la alcaldesa convocó a los directores de Aguas de Barcelona, Endesa y Gas Natural para hablar sobre el desarrollo y aplicación de la ley de medidas urgentes contra los desahucios y la pobreza energética hecha para proteger a las personas en riesgo de exclusión. «Uno de los problemas es que no estamos llegando a todos los casos de pobreza energética, ni las compañías ni las administraciones. Hace falta más implicación», señaló Colau tras la reunión.

La alcaldesa apuntó que mientras las encuestas indican que un 10 por ciento de las familias barcelonesas podrían estar sufriendo pobreza energética, las peticiones de ayuda que han recibido los Servicios Sociales son sólo 4.000 y del fondo de 2,4 millones de euros que dispone este año para ello sólo se han gastado 600.000 euros. Por lo que creen que muchas familias desconocen la existencia de estas ayudas. La alcaldesa añadió que las cifras de peticiones de ayuda que han facilitado las empresas tampoco cuadran, lo que corrobora que «muchos casos quedan fuera».

La nueva ley catalana surgida de la ILP sobre Vivienda y Pobreza Energética sanciona los cortes de agua, luz y gas por motivos económicos a familias en situación de vulnerabilidad y establece que se debe constituir un fondo participado por las empresas para que éstas asuman también parte de la deuda de las familias que no pueden pagar las facturas. La alcaldesa ha puesto como ejemplo de corresponsabilidad a Agbar, que asume el 50 por ciento de la factura impagada, y al que se han acogido ya 3.000 familias.