La alcaldesa se ve obligada a adelantar la Junta de Seguridad ante la avalancha de robos y de quejas por el «top manta»

A mediados de junio, el Ministerio del Interior daba la voz de alarma: en el primer trimestre de este año Barcelona registró un total de 26.836 infracciones penales, hurtos, en su mayoría, lo que representa un incremento del 9,3% respecto al mismo período del año anterior y un serio aviso de cara a la presente temporada de verano. El año pasado, por ejemplo, en los meses de julio, agosto y septiembre se registraron 5.000 hurtos más que en el primer trimestre del 2018. La Generalitat ni está ni se la espera, por lo que todas las miradas se dirigen a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que, ante esta situación, ha convocado una reunión de la Junta de Seguridad Local para el viernes 19 de julio. La alcaldesa de Barcelona hizo la petición al Departamento de Interior y finalmente las dos administraciones han puesto fecha para encontrarse y abordar la inseguridad, el principal problema de la ciudad según el barómetro municipal.

De este modo, Colau y el consejero Miquel Buch se reunirán junto con sus equipos, además de los Mossos, la Guardia Urbana, la Policía Nacional y la Guardia Civil, para hablar sobre todo de los hurtos, el top manta y, según fuentes de Interior, hacer balance de las dos macrooperacions policiales que ha habido en el Raval: la de octubre contra la supuesta red que controlaba los narcopisos y la de este mes de junio, contra el narcotráfico.

Mientras, la Plataforma de Afectados por el Top Manta, que agrupa asociaciones vecinales, de comerciantes, el Gremio de Hoteles y el Gremio de Restauración, hizo público ayer un requerimiento al Ayuntamiento de Barcelona para pedirle una reunión urgente «con los máximos responsables» y la adopción de medidas «antes del 31 de julio que demuestren que el Ayuntamiento tiene la voluntad de aplicar las ordenanzas y de hacerlas cumplir».

Denuncian que el problema de la venta en la manta «no ha parado de crecer» y por eso piden «el compromiso explícito de coordinación entre las administraciones responsables y competentes» y una respuesta formal al requerimiento. Desde la plataforma ofrecen «todos nuestros conocimientos y experiencia y colaboración que sea necesaria para resolver la problemática».

Así las cosas, la intención del Ayuntamiento con la Junta es tratar la seguridad con los Mossos, que son quienes tienen la competencia en seguridad ciudadana y disponen de los datos de las denuncias interpuestas. Y confían en que asista el consejero Buch, ya que en la última mediados de abril, no fue.

Pleno extraordinario

ERC, JxCAT, Cs y PP, por su parte, están negociando forzar la celebración de un pleno extraordinario de Seguridad en Barcelona este mes de julio. La portavoz del grupo municipal de JxCat, Elsa Artadi, anunció que están negociando con los otros grupos de la oposición solicitar este pleno, para lo que es necesario contar con el apoyo de 11 concejales, un numero con el que no cuenta, por sí sola, ninguna de las fuerzas políticas del actual consejo municipal. La presidenta del grupo de Ciudadanos, Luz Guilarte, ya pidió el lunes la convocatoria de este pleno extraordinario y ayer también lo propuso el presidente del grupo Popular, Josep Bou. JxCAT, Cs y PP suman 11 concejales, con lo que podrían forzar la convocatoria de este pleno si llegan a un acuerdo.

Josep Bou, en concreto, apoyó la convocatoria urgente de un Pleno extraordinario de seguridad y ha reiterado la propuesta de un Plan de Seguridad urgente que establezca una mayor presencia de la Guardia Urbana en la calle, especialmente en los «puntos negros» y por la noche, incorporar pistolas táser y crear la Brigada Especial de la GU.