El fiscal Ulled avisa que los fallos del 9-N son un precedente para el 1-O

El ministro público insiste en que la reforma del Constitucional y las inhabilitaciones derivadas del simulacro consulta pueden marcar lo que suceda después del referéndum.

El fiscal anticorrupción de Barcelona, Emilio Sánchez Ulled, consideró ayer que la sentencia de la pseudo consulta soberanista del 9–N y la posible reforma del Tribunal Constitucional (TC) son dos precedentes que pueden influir en la hipotética «valoración penal» que se haga en el caso de que se celebre el referéndum sonre la independencia el próximo 1 de octubre.

En una entrevista concedida a «Els Matins» de TV3, el fiscal también, aseguró, no obstante, que no había base legal para enviar a la Policía a evitar la anterior consulta. En referencia a las inhabilitaciones del ex president de la Generalitat Artur Mas, el ex portavoz del Govern Francesc Homs, la ex vicepresidenta Joana Ortega y la ex consellera de Enseñanza Irene Rigau, insistió en que se trata de un «precedente legal».

Dos elementos

Respecto al 9–N, el fiscal se refirió a los dos elementos citados, la sentencia y el TC. En principio, la reforma del alto tribunal prevé una determinada manera de dar cumplimiento a las órdenes del tribunal, que motiva las notificaciones a cargos públicos.

Según explicó, con las sentencias del 9–N, «donde la desobediencia abierta a un mandato directo del TC fue valorado por un tribunal como delito», y la conclusión es que estos factores pueden influir en la valoración penal del 1–O.

Sin embargo, también recordó que el TC, volviendo al 9–N, «prohibió la actuación de la Generalitat como entidad pública, pero no las actuaciones que pudiesen llevar a cabo personas particulares».

Ulled, que lleva desde 2005 como fiscal delegado de Anticorrupción en Barcelona, abandonará próximamente el ministerio público tras ser nombrado Consejero de Justicia en la representación permanente de España ante la Unión Europea, cargo que ocupará en Bruselas.

En la entrevista, el fiscal evitó refirirse explícitamente al referéndum que pretende convocar la Generalitat para el próximo 1 de octubre, ya que desconoce «lo que pasará».

Además, defendió el buen funcionamiento de la Justicia, «que no está politizada», resaltó, y de los cuerpos policiales que operan en Cataluña, ya que «respetan absolutamente la legalidad, pese a lo que pueda hacer algún jefe concreto».

Evidentemente, ahora falta por ver quien será el fiscal que sustituya a Sánchez Ulled en el caso de un hipotético referéndum el primero de octubre.

Nadie sabe lo que sucederá, pero lo que sí que es seguro es que en marzo Mas se convirtió en el primer presidente autonómico condenado por desobedecer una resolución judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le impuso la pena de dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por organizar la pseudo consulta independentista del 9–N, pese a que había sido prohibida por el TC.

Según la sentencia, el ex president «pervirtió los principios democráticos», junto a las citadas Ortega y Rigau.

Según el fiscal Sánchez Ulled, estos precedentes pueden ser muy importantes, y seguramente se refería al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al vicepresidente del mismo ejecutivo, Oriol Junqueras, que teóricamente tendrían un papel muy parecido en el hipotético reférendum. Falta por ver lo que pasará hasta el 1 de octubre, y, sobre todo, la reacción de la Justicia y de muchas partes.