El Tribunal de Estrasburgo frena por primera vez un desalojo penal

Pasaban pocos minutos de las ocho de la mañana de ayer cuando el abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Benet Salellas, se aclaró la voz para informar de que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos paralizaba el desahucio de las 15 familias que desde marzo ocupan un edificio vacío de la Sareb, el banco malo, en Salt (Girona). Las 700 personas que se habían movilizado desde diferentes puntos de España para impedir el desalojo, previsto para las 9.00 horas, estallaron en una mezcla de gritos de alegría y llantos de emoción. Las familias afectadas, primero salieron a los balcones, y luego bajaron para compartir esta victoria momentánea con la plataforma.

El Tribunal de Estrasburgo ha fallado a favor de la PAH y ha pospuesto el desalojo del bloque de pisos ocupados en Salt hasta el 29 de octubre. Para resolver si mantiene o no la suspensión del desalojo, la justicia europea solicita antes del 24 de octubre al Gobierno que acredite qué medidas adoptará para realojar a las familias afectadas, que suman 43 personas, 21 de las cuales son menores.

Decisión sin precedentes

Tras valorar toda la información que había hecho llegar la PAH junto a la medida cautelar para paralizar el desalojo, el Tribunal de Estrasburgo alega que de echar a estas familias a la calle se infringiría un derecho internacional como el de la vivienda. Según el abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, si el Gobierno no responde a la demanda podría estar vulnerando dos artículos del convenio europeo de los Derechos Humanos, el derecho a la vida familiar y a una vivienda, y teniendo en cuenta la presencia de niños, el que prohibe el trato inhumano o degradante.

La decisión del Tribunal de Estrasburgo sienta un precedente. Es la primera vez que frena un desahucio penal. «Jurídicamente nos abre la puerta a corregir la indecencia de los tribunales españoles», reivindicó el letrado de la PAH. «Esperamos que esta decisión empiece a corregir la indecencia de jueces y fiscales y de autoridades españolas y catalanas que desatienden de forma reiterada y sistemática las invocaciones al derecho a la vivienda que, como reconoce esta decisión, están protegidos de manera estricta por parte del convenio europeo de los Derechos Humanos», añadió.

Las familias que ocupan el edificio, en su mayoría originarias de Gambia, Marruecos, China y Ecuador, habían sido realojadas por la PAH en este edificio del banco malo, abandonado desde hace tres años. Todas habían sufrido un desahucio y sus ingresos son escasos. Algunas sobreviven con apenas 426 euros al mes. Al margen del realojo, el proyecto de la PAH ha convertido un descampado que hay cerca del bloque en un huerto para cultivar alimentos.

La portavoz de la PAH, Ada Colau, satisfecha con la resolución de Estrasburgo, explicó que la decisión les da más tiempo para hablar con el Sareb, que hasta la fecha no los ha recibido. También seguirá presionando a la Generalitat para que no acate la orden de desalojo en caso de hacerse efectivo. La PAH, que cuenta con el apoyo de 38 diputados del Parlament de Cataluña –ERC, ICV y la CUP–, persigue unos alquileres sociales para las familias que viven en el edificio de Salt y las el resto de inquilinos que tienen realojados en otros 12 bloques de la llamada obra social de la plataforma.

La demanda sobre la que ha fallado Estrasburgo estaba interpuesta por las dos únicas familias que hay empadronadas en el bloque de Salt. Pero la medida cautelar se ha hecho extensiva al resto de familias que viven en el edificio.