Fiscalía rechaza dos piezas de la denuncia de Oltra a la concertada

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido el sobreseimiento provisional de al menos dos de las tres piezas emanadas de la denuncia de Mónica Oltra contra los centros de educación concertada por el pago de las nóminas que remunera la Conselleria de Educación.

La entonces diputada de Compromís presentó en julio de 2014 una denuncia en la que advertía al Ministerio Público de que se estaban pagando a dichos centros más horas de las que estarían concertadas en virtud de la resolución anual de la Dirección General de Centros.

Afirmaba Oltra que «presuntamente se estarían produciendo alteraciones de los aplicativos de gestión remunerando horas por encima de las concertadas, carentes por tanto de amparo legal» y denunciaba que en 2014 había 23 centros en esta situación y que el total de horas adicionales ascendía a 606, lo que en salarios indebidamente pagados significa 114.683 euros al mes, lo que supone 1,15 millones de euros por curso.

Sin embargo, considera el fiscal que «esta conducta debe someterse al enjuiciamiento de la responsabilidad contable, ya que se produjo este pago por parte de los funcionarios encargados, de manera contraria al régimen establecido en los conciertos educativos». Y considera que quienes incumplieron con la debida diligencia exigida en el manejo de fondos públicos fueron los funcionarios encargados de la Conselleria de Educación, por lo que corresponde al Tribunal de Cuentas «el enjuiciamiento de la responsabilidad contable», pero señala que no queda «acreditada la perpetración de hechos de carácter delicitivos».

Por otra parte, Oltra también denunciaba «la posible existencia de liberados de la patronal financiados por la Conselleria sin cobertura en norma o convenio alguno». y además señalaba que «junto a los liberados sindicales, también se está retribuyendo la nómina de diez personas bajo epígrafe de liberados patronal», cuando en los acuerdos entre la administración y los sindicatos no hay mención a este colectivo. Según Oltra, su coste era de 350.000 euros anuales.

Sin embargo, tal y como ha podido demostrar el letrado Vicente Boluda, representante legal de la patronal Feceval a la que se dirigía la denuncia principalmente, «había habilitación legal para el desempeño de tal función que consistía en impartir cursos a docentes».

El fiscal señala al respecto que dichos cursos se impartieron y que el pago de las remuneraciones estaba avalado por un convenio que estuvo vigente hasta 2010 y que se «entendió implícitamente prorrogado» y vuelve a poner de manifiesto la falta de la «diligencia exigible» en los funcionarios y autoridades correspondientes de la Conselleria.

Queda por dilucidar la denuncia sobre remuneraciones a profesores de más de 70 años de congregaciones religiosas.