La Guardia Civil espió teléfonos del entorno de Zaplana porque «comenzaban a blanquear»

Los investigadores de la causa Zaplana pidieron a la magistrada que les dejara intervenir los teléfonos de varios de los imputados en la operación Erial, porque tenía serias sospechas de que habían empezado a blanquear.

Los agentes comienzan a solicitar «medida de investigación urgente» que incluye, principalmente, el pinchazo de los teléfonos del entorno de Eduardo zaplana, y curiosamente, no así, del terminal del exministro.

La premura de los agentes se produce después de que el 25 de enero de 2018 se celebrara una reunión en la cafetería del Hotel Agir, de la avenida del Mediterráneo de Benidorm entre Eduardo Zaplana, Francisco Grau, José Miguel Barceló y Roberto Edgar Batauche Pérez. Los primeros en llegar fueron Eduardo Zaplana y Joaquín Barceló y más tarde se incorporan Francisco Grau y Batauche Pérez.

Desde el primer momento, un agente de la Guardia Civil escucha la conversación desde dentro de la cafetería, si bien solo puede oir fragmentos de la misma.

El diálogo parece girar en torno a algún tipo de negocio, mencionándose las cantidades de 70.000 euros de intereses o 200.000 euros. También hablan de determinados bancos como el Sabadell o el Popular, y sobre pagos de hipoteca, sobre algún juez, sobre algún fiscal de la Audiencia Provincial de Alicante. Finalmente se puede escuchar como Zaplana manifiesta textualmente «nos engañaron en el último momento».

Consideran los investigadores que la reunión en sí misma ya es significativa y resaltan la circunstancia del desplazamiento con la finalidad de mantenerla, probablemente desde Madrid, por parte de Eduardo Zaplana. Además, de la vigilancia que se hace de la vivienda del expresidente en Benidorm ese mismo día, se constata que ésta está vacía, lo que apuntala la teoría de que se desplazó desde Madrid.

Además, señalan los investigadores que «teniendo en cuenta lo expresado por Zaplana en el trascurso de la reunión cuando manifiesta textualmente 'nos engañaron en el último momento' en un contexto aparente de conversación de negocios, hablando en primera persona y utilizando un tiempo pasado, no se han localizado relaciones comerciales o empresariales entre Eduardo Zaplana y ninguno de los intervinientes de la reunión, ni de manera directa ni a través de las empresas de este, que pudieran motivar esta aseveración, pudiendo haberse producido estas, de haberlo hecho, velando su identidad».

Los agentes sostienen la teoría de que los cuatro concurrentes habrían hecho negocios, probablemente ilegales y que «ya se han aunado indicios a lo largo de la presente investigación» y se refieren concretamente a las «operativas desarrolladas a través de las sociedades Medlevante, Costera del Glorio y Gesdesarrollos integrales».

Con estas empresas, entre otras, se habrían repatriado cerca de tres millones de euros de la empresa de titularidad encubierta de Zaplana, radicada en Luxemburgo, a la que habrían ido a parar los, al menos, 6,5 millones de mordidas por la adjudicación de tres zonas del Plan Eólico valenciano.

Un yate de 500.000 euros

Los investigadores de la Guardia Civil han estudiado también la compra de un yate en los astilleros Astondoa por valor de 498.330 euros. Dicha embarcación la adquieren Joaquín Barceló, Eduardo Zaplana, Juan Francisco García y cinco personas más, entre ellas un estrecho colaborador de Zaplana ya fallecido.

Esta embarcación se paga mediante abonos en una cuenta de Joaquín Barceló, si bien, posteriormente, de la información de la Agencia Tributaria del ejercicio 2006 de la Sociedad Construcciones Navales Astondoa, constan ingresos a nombre de los adquirientes por valores muy superiores a los que ingresaron en la cuenta de Barceló.

Así, por ejemplo, Zaplana ingresa, presuntamente 9.648 euros, y en las cuentas de Astondoa consta otro distinto de 29.899 a su nombre.

Consideran los investigadores que la adquisición del barco fue otra forma de blanquear dinero.