La extorsión policial de Coslada, al banquillo

El lunes arranca en la Audiencia Provincial el juicio contra el ex jefe de la Policía Local, Ginés Jiménez, y otros seis agentes del municipio por exigir «mordidas» a los bares a cambio de licencias.

El próximo mes de mayo se cumplirán diez años de la llamada «operación Bloque» o «caso Coslada». La imagen del jefe de la Policía Local de esta localidad Ginés Jiménez, y otros 25 agentes, saliendo engrilletado de las dependencias policiales abrió los informativos de todas las televisiones y hasta llegaron a hacer una serie de televisión en la que los actores interpretaban a policías corruptos que tenían amedrentado a todo el pueblo y actuaban como una especie de hermandad. Ahora, casi una década después de todo aquello, arranca el juicio. Se celebrará desde el lunes en la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid y está señalado hasta el 23 de marzo en sesiones casi diarias. Por la Sala 0 de la Audiencia (donde se celebró el juicio del Madrid Arena), además de las doce personas que se sentarán en el banquillo de los acusados, irán pasando decenas de testigos, la mayoría a propuesta de la defensa del ex jefe policial, para quien la Fiscalía pide 26 años de prisión por los delitos de extorsión, amenazas, cohecho, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales.

Aunque la investigación que motivó las detenciones de los policías en aquel mayo de 2008 hablaba de una mafia policial, a lo largo de la fase de instrucción del caso –que ha pasado por las manos de hasta diez jueces distintos en el Juzgado de Instrucción número 21 de Plaza Castilla–, se han ido cayendo varias imputaciones y varios acusados. De los 26 policías inicialmente detenidos por el Grupo 16 de la Udyco de la Policía Nacional, a 19 de ellos se les han archivado todas las acusaciones. Por ello, el Ayuntamiento de Coslada tuvo que desembolsar más de 800.000 euros en concepto de indemnización, atrasos e intereses para el pago de todos los policías que fueron incorporándose a su puesto de trabajo.

Pero el archivo más sonado y por el que el «caso Bloque» fue perdiendo algo de fuelle es el que dejaba «fuera de juego» la presunta mafia policial. El 10 de mayo de 2012 quedó archivado el delito de asociación ilícita tanto para el principal acusado como para el resto de policías de Coslada. Así, los chicos del «Bloque» (como se hacían llamar porque vivían en un mismo barrio al que llaman así), ya no serán juzgados por una trama organizada ni hay ningún cabecilla, según consideró entonces la jueza instructora. «Su organización jerárquica y estructurada lo es como miembros de la policía que son y el reparto de actividades se realiza dentro de la organización policial a la que pertenecen, sin que se haya acreditado que se organizaran con ninguna finalidad delictiva», dijo entonces.

Ahora, el juicio se puede dividir en tres grupos de personas. Por un lado, los tres ciudadanos de origen rumano relacionados con prostitución en Vicálvaro. Por otro, Ginés y los cinco policías locales y, por último, la familia del ex jefe policial. Y es que también se sentarán en el banquillo la mujer del principal acusado y su hijo por un delito de blanqueo de capitales.

Los hechos que dieron lugar a esta operación se remontan a 2008 y, poco a poco, van apareciendo los personajes de estos tres bloques, si bien es cierto que no hay relación entre el principal acusado y la prostitución en Vicálvaro, así como tampoco la hay en la extorsión a locales de Coslada y los proxenetas. Aún así, se juzgará todo a la vez. Todo comienza a raíz de una investigación sobre prostitución en el polígono de Vicálvaro, en las inmediaciones de la calle Boyer. Según el escrito de la Fiscalía, Catalin Avramescu, había desarrollado el control de la prostitución en esta zona y la explotación de varias mujeres, a quienes exigía el pago de una cantidad de dinero por «permitirles» ejercer allí la prostitución (entre 300 y 600 euros semanales) y se les ofrecía una supuesta «protección» ante agresiones externas, además de asignarles a cada una las calles donde debían ponerse. El control de la prostitución lo ejercía, según el Ministerio Público, Francisc Guirca con la ayuda de su hermano Ionut Guirca. Ambos en busca y captura, por lo que no estarán en el juicio. Estos son los tres rumanos que se sentarán en el banquillo con el resto de acusados de Coslada. Pero ¿cuál es el enlace entre éstos y los policías? Según la Fiscalía, estos proxenetas contaban con la protección ante posibles denuncias de sus víctimas de Carlos Martínez, policía local de Coslada. El Ministerio Público pide para éste 2 años y ocho meses de prisión y le acusa hasta de haber acudido al polígono en una patrulla Bescam y de uniforme.

Parece que Carlos no era el único agente de la autoridad que era connivente con los proxenetas de Vicálvaro. La Fiscalía sostiene que otros cinco policías locales de Coslada «aprovechaban su situación de agentes de la autoridad para conseguir de manera gratuita favores sexuales de estas mujeres». Además, elegían a las víctimas más vulnerables: las que estaban sin papeles de Extranjería. Se trata de Felipe Guerrero, Fernando Jiménez, Mario Fonseca, Antonio José Carvajal y Antonio Carrascosa. Sin embargo, el fiscal sólo pide para ellos una multa de 12 euros al día durante seis meses. A lo largo del proceso de instrucción, no se ha podido acreditar el conocimiento del jefe policial sobre todo este asunto, pero el fiscal le relaciona con otro tema distinto que no tiene que ver con la prostitución pero que ejercía «aprovechándose de su cargo de agente de la autoridad»: la extorsión a comerciantes de la localidad a cambio de no hacerles inspecciones en los locales. Uno de los ejemplos que cita la Fiscalía es al bar llamado Vía 22 de Coslada. Aseguran los propietarios que, aunque pasaron de forma favorable una inspección, los agentes les dijeron en mayo de 2007 que debía «hablar con su jefe». Cuando lo hicieron, éste les recriminó «en tono amenazante y autoritario» no haberle ido a ver antes de abrir. Aunque le dijeron que tenían los permisos del ayuntamiento, Ginés, según la Fiscalía, les dijo que «quien mandaba allí era él y que era él quien decidía quien podía abrir». En diciembre de 2007, en un encuentro casual, aseguran que Ginés le dijo: «No has aprendido. Tienes que ir a mi despacho, como van todos».

Aunque la extorsión, amenazas y cohecho son los principales delitos que se le atribuyen por esta forma de proceder, el letrado que ejerce la defensa del ex jefe policial, Oskar Zein, tendrá que defenderle de la tenencia ilícita de armas y del blanqueo de capitales; éste último delito «compartido» con su mujer, Carmen Pérez y el hijo de ambos, Ginés Jiménez Pérez, porque supuestamente ponía las propiedades a nombre de éstos. La Fiscalía pide para cada uno de ellos cuatro años por este blanqueo. Hay que recordar que en fase de instrucción se archivó esta imputación en dos ocasiones pero las partes recurrieron y la Audiencia decidió que se viera en la fase de juicio oral.

Con respecto a la tenencia ilícita de armas, Zein basará su línea de defensa en el acuerdo de la sala Segunda del Supremo de noviembre de 2008, donde se acordó que «la falta de guía de pertenencia, cuando se dispone de licencia o permiso de armas –como era su caso al ser policía–, no integra el delito del artículo 564 del Código Penal».

Diez años de instrucción:

Mayo 2008

detenciones policiales

El grupo 16 de la Udyco de la Brigada Judicial detienen a Ginés Jiménez y otros 25 policías locales. Entra en prisión provisional

Abril 2009

sale de prisión

Ginés sale de la cárcel tras pagar 9.000 euros de fianza. En enero de 2011 vuelve a entrar preventivo por coacciones a una supuesta víctima

Octubre 2012

juez obliga a reincorporar

La Justicia obliga en varias ocasiones al Ayuntamiento de Coslada a reincorporar a Ginés Jiménez a su puesto de trabajo

Mayo 2016

condenado por coacciones

Ginés cumplió una condena de 14 meses por obstrucción a la justicia con una testigo no protegido para que le retirara la denuncia