La Justicia cita a declarar a la delegada del Gobierno en Madrid por un posible delito de prevaricación

Mercedes González es llamada como querellada el 13 de enero tras haber autorizado la concentración de un grupo memorialista ante el Congreso tras reubicar una manifestación de signo contrario el día antes

La delegada del Gobierno, Mercedes González, interviene en el acto homenaje a la Constitución Española en su 44 aniversario en la Real Casa de Correos.
La delegada del Gobierno, Mercedes González, interviene en el acto homenaje a la Constitución Española en su 44 aniversario en la Real Casa de Correos. FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

El Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid ha citado como querellada a la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, por la comisión de un “posible delito de prevaricación”. En un auto fechado el 1 de diciembre, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el juez admite a trámite la querella presentada por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, acuerda la incoación de diligencias previas y cita a González a declarar el próximo día 13 de enero de 2023, a las 11:30 horas. Y es que tal y como señala en el auto el juez, los hechos investigados “hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa, cuya instrucción corresponde a este órgano judicial, según los artículos 14.2 y 15 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

Tal y como informó este diario el pasado 17 de noviembre, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica presentó a mediados de este mes esta querella tras ver frustrado su deseo de manifestarse ante el Congreso de los Diputados el mismo día que se aprobaba la Ley de Memoria Democrática cuando al día siguiente se permitió hacerlo a una entidad memorialista. La intención de esta asociación pasaba por concentrarse frente a la Cámara Baja el 13 de julio a las 18:00 horas. Sin embargo, la delegada del Gobierno no autorizó está ubicación y trasladó la protesta a “la Plaza de las Cortes, en el espacio comprendido entre la Plaza de Cánovas del Castillo y la confluencia de las Calles Duque de Medinaceli y Marqués de Cubas con la Plaza de las Cortes”. Es decir, unos metros más abajo del lugar que deseaban, y entre las 19:30 y las 22:00 horas. Cuando el día previsto para esta concentración, los miembros de esta asociación trataron de manifestarse en el lugar que habían solicitado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado les informaron que debían hacerlo “más abajo”. Una circunstancia que, según los querellados, les ocasionó un grave perjuicio por la pérdida de visibilidad de los manifestantes provocada por el cambio y, además, por la limitación ilegítima de su derecho de reunión.

Se trata de una circunstancia que la asociación querellante ya consideraba suficiente como para llevar la decisión de González ante la Justicia, pero es que a ello se sumó otro elemento: el 14 de julio, «es decir, un día más tarde de la concentración» convocada por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, «la delegación gubernamental tomó conocimiento de otra de una asociación que defendía la nueva Ley de Memoria Democrática y que se celebró, sin ninguna limitación ni restricción, en la zona peatonal de las Cortes, justo enfrente del Congreso (lugar, cabe recordar, donde se debería haber celebrado la de la asociación» que busca ahora justicia. De manera que, según los querellantes, queda claro que la delegada del Gobierno en Madrid actúa y toma decisiones “en función del signo político de quien sea el convocante se produce una diferenciación, sin base legal alguna, que supone una limitación ilegítima del derecho de reunión”.

Según la entidad querellante, los hechos son constitutivos de un delito de «prevaricación del artículo 404 del Código Penal», cuyo tenor literal establece lo siguiente: «A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años». El escrito presentado el pasado día 11 incluye la solicitud de declaración de la querellada –Mercedes González, delegada del Gobierno– en calidad de «investigada», así como la de Francisco Pardo Piqueras, director general de la Policía, en condición de «testigo», junto a «las que se deriven» del proceso.