Inmigración

El centro de acogida para inmigrantes Covid levanta la polémica en Murcia

La falta de acuerdo entre Gobierno regional y central tensa la relación entre las administraciones, y el presidente advierte de elevar el problema al Ministerio del Interior

Cvirus.- AUGC reclama al delegado del Gobierno un protocolo específico para evitar contagios ante la llegada de pateras
Los 66 inmigrantes llegaron el fin de semana a Muria en cuatro pateras, delos que siete dieron positivo al COVID-19larazonAUGC

Después de que desde la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia avanzara el miércoles que la apertura de un centro para albergar a los inmigrantes positivos en Covid que llegan en patera a la Región era inminente, hoy el consejero de Salud, Manuel Villegas, ha asegurado que todavía estaban esperando a que la Delegación diera el paso y solicitara la ayuda al Gobierno regional.

«Si la Delegación no puede o no tiene capacidad para poner en cuarentena a los inmigrantes, tendrá que solicitar ayuda, y esa petición no se ha hecho, de momento, de forma reglada».

Así lo ha dicho tras ser inquirido sobre el asunto sobre el que ha insistido que están «muy preocupados» porque, si no se hacen bien las cosas, «al final los que pueden salir perjudicados son nuestros ciudadanos».

No obstante, y tras recordar que la competencia de las personas que llegan en patera de forma irregular es de la Delegación, ha asegurado que se han mantenido diversas reuniones con los técnicos a fin de colaborar con los protocolos de atención sanitaria.

«El objetivo es detectar qué grupos o pateras pueden ser objeto de riesgo por tener a alguna personas positiva. En caso de que así fuese, todos los pasajeros deberán guardar cuarentena de 14 días».

Por el momento, sigue sin haber ningún detalle de dónde se reubicarán a los inmigrantes tras el cierre del CIE de Santomera.

Sobre este asunto también se ha pronunciado el presidente murciano, Fernando López Miras, quien ha advertido de que si desde la Delegación eran «incapaces» de ejercer «su obligación legal» de custodiar a los inmigrantes ilegales, llamaría directamente al ministero del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para «intentar ponerle solución entre los dos».

Un ultimátum que ha achacado a que, en un momento como el actual, «no se pueden permitir frivolidades ni estrategias para confundir sobre las competencias de cada administración».

López Miras ha admitido que el Gobierno regional tiene conocimiento de los aspectos sanitarios, que son los que competen a la autoridad sanitaria que ejerce la Consejería de Salud. Su competencia es “realizar la prueba PCR a todos los inmigrantes ilegales que llegan en patera, y aquellos que dan positivo son ingresados en un hospital de la Región; y eso es lo que se ha hecho”.

Finalmente, insiste en que se pondrán a disposición de la Delegación «aquellos espacios que necesiten».