VOX recurre ante el Tribunal Constitucional la ley del Mar Menor

VOX Murcia ha iniciado el recurso de inconstitucionalidad de la Ley Integral del Mar Menor aprobada en la Asamblea Regional con el apoyo de PP, PSOE y Cs el pasado mes de julio “atacando de forma directa y sin paliativos a los agricultores”.

“Los aliados de Sánchez e Iglesias demostraron que su única pretensión es criminalizar a la agricultura de Murcia y arruinarla, algo que este partido ha reprochado tanto a nivel regional como nacional pidiendo la comparecencia de la ministra Ribera, presentado alegaciones al informe de la Confederación Hidrográfica del Segura o a través de preguntas al desgobierno tanto en el Congreso como en el Senado”, han añadido.

José Ángel Antelo, presidente provincial, aplaude la decisión del recurso y recuerda que VOX “es el único partido que defiende a la España que madruga” y “cumple con su palabra recurriendo la inconstitucionalidad de una ley con la que el consenso progre se exculpa maltratando al sector agrario”.

Las alegaciones presentadas por VOX ante el Tribunal por la inconstitucionalidad de gran parte del articulado de Ley 3/2020 de recuperación y protección del Mar menor son las siguientes: la ley afecta al derecho de propiedad art. 33 de la Constitución española y libertad de empresa del art.38 de la CE, impone limitaciones e impone prohibiciones a los agricultores que no pueden ser acordadas por la Comunidad Autónoma y también afecta a la planificación hidrológica y al dominio público marítimo terrestre que son competencia del Estado.

Asimismo, afirman que la ley quiebra el necesario equilibrio entre medio ambiente y la actividad socio económica apartándose de la obligación constitucional del art. 45 de la CE.

Por otro lado, la ley realiza una redefinición y delimitación zonal irracional y discriminativa, “utiliza unos criterios arbitrarios como el de la cercanía y cambia criterios de uso que se apartan de los criterios técnicos incurriendo en arbitrariedad”.

VOX también alude a las prohibiciones y restricciones impuestas al uso agrícola, porque “no son adecuadas ni para proteger la actividad económica agrícola (con la trascendente afectación del empleo al ser uno de los motores económicos de la comarca) ni medioambientales y no conseguirán la finalidad pretendida”.

Antelo lamenta que se castigue a la Región “por ser leal a España y que injustamente sean las empresas agrícolas las que paguen la incompetencia de los aliados del Gobierno”.