Balance en el cementerio

Veo a los barandas del Gobierno mientras aplauden al líder y siento algo muy parecido a la náusea. «Yo no soy nadie para enmendar la plana y menos a los señores diputados», esputa Simón cuando le preguntan qué le parece que los diputados socialistas se hayan pasado por bisectriz el límite de aforo del hemiciclo. «Difícilmente vamos a hacer cumplir las normas a la gente si nosotros no las cumplimos cuando las aprobamos», acusa Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos, mientras la presidente del Congreso, la señora Meritxell Batet, permite la astracanada. Bal fue el abogado del Estado destituido por Pedro Sánchez cuando en el año 2019 se negó a rebajar la acusación por rebelión, a fin de facilitarle al Gobierno la negociación de los presupuestos generales del Estado con los golpistas de ERC. Después llegó Rosa María Seoane, que revirtió todo lo sostenido por la Abogacía del Estado durante meses de investigación.

A Batet el PSOE la sancionó en 2013 por apoyar la convocatoria de un referéndum en Cataluña. Una mascarada contra la Constitución, la soberanía nacional y la igualdad ante la ley. A Bal le pegaron una patada por no bailar al son de una ministra de Justicia hoy en tareas de mamporrera al frente de la fiscalía. A Batet, el entonces secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, que tenía calados a Sánchez y mariachis, le metió un multazo junto a otros 13 diputados díscolos. La trayectoria de Bal y Batet, y la vergonzosa frase de un Simón constituido en orgullosa burla de sí mismo, resumen por acción y omisión el fluorescente plumaje del Gobierno reaccionario.

Un Gobierno que antepuso los bailes de máscaras culturales y la chatarra posmoderna del feminismo de tercera o cuarta o quinta o sexta ola antes que la salud de los ciudadanos. Un Gobierno que acumula aplausos, palmas, jaleo y reverencias a un ritmo idéntico con el que oculta las cifras de muertos, cerca de 50.000. Con una de las tasas de letalidad más feroces del mundo, sino la peor, y un exceso de muertos único por descomunal.

Un Gobierno que mintió respecto a las mascarillas. Que no ha sido capaz de poner en pie el ejército de rastreadores que necesitábamos. Que no compró a tiempo los millones de kits que sí tuvieron Corea del Sur o Alemania. Que forzó a la población a un confinamiento devastador en términos económicos. Que impuso un millón de multas abrazado a la ley mordaza que venía a desanudar. Que primero habló de un comité científico asesor para la desescalada y que luego, como quien no quiere, va y concede que nunca hubo comité ni más asesores que los sacrosantos genitales del presidente y asociados. Engañaron por nuestro bien, difamaron a los críticos con la orgullosa facilidad de los mejores aprendices de autócrata y deformaron los datos con unas estadísticas en RTVE sobre la caída económica dignas de Breitbart News.

El balance del Gobierno es el de la tarjetita de memoria como la falsa moneda, que de mano en mano va y ninguna se la queda, y las acusaciones de sobresueldos, ellos que llegaron para limpiar la casa, y el ministro José Luis Ábalos reunido con una torturadora, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas.

Es una caída del PIB del 18,5 por ciento y Urkullu agasajado con 2.000 millones de euros para dignarse a acudir al tiempo que el alcalde de León emplaza 80.000 euros para rotular las calles en… leonés (!). El balance es la ruina sanitaria y económica, el triunfo de la magufería sobre los datos y, de postre, la coalición cicuta con todos los carabineros del nacionalismo.