Un Gobierno contra la mitad de España

Si algo ha caracterizado al Gobierno que preside desde hace un año Pedro Sánchez es su propio origen, los partidos que lo forman y la alianza que lo sostiene: todos y cada uno de ellos comparten el objetivo de liquidar la Constitución de 1978. Esta es la anomalía, aunque este Gobierno lo presente como la «primera coalición de izquierdas desde la República», como si fuera un valor en sí mismo. Visto el resultado, no es una garantía ni de eficacia en la administración de los asuntos públicos, ni, sobre todo, en situar a España en la centralidad política, lo que supone ser el Gobierno de todos los españoles. Muy al contrario, la vida política se ha radicalizado, polarizada por la irrupción en un primer plano de los partidos políticos que abiertamente han querido destruir la legalidad democrática, con EH Bildu y ERC con un insidioso papel estelar, y rotos los grandes pactos nacionales. En torno al PSOE se formó una alianza que consiguió sacar adelante una moción de censura en la que pocos creían porque nadie se imaginaba que Sánchez pudiese llegar a apoyarse en enemigos declarados de la unidad territorial, la Monarquía parlamentaria y los consensos básicos que han permitido el desarrollo de una democracia liberal plena. Sánchez recibió el encargo de formar Gobierno ante la dejadez política de partidos como Cs y del mismo socialismo español, que deberían haber forzado otra solución y, en todo caso, impedir que el Rey hubiese sobrepasado sus atribuciones constitucionales. Este es el marco político construido y el propio Ejecutivo es un reflejo claro: un total de 23 ministros para dar cabida a las cuotas acordadas con Pablo Iglesias, que han resultado ser ministerios que han desdoblado sus funciones. Todo ha quedado aparcado por la crisis abierta por la pandemia del coronavirus, un mal sobrevenido del que, de entrada, no se puede responsabilizar al Gobierno, pero sí la manera de afrontarlo, con más de 50.000 muertos oficiales y unos 80.000 –según el INE –, y pese a ello una desmedida preocupación por el marketing político. Leyes tan ideológicas como la de Educación y la de Eutanasia han salido sin un debate serio, en contra de una parte de los ciudadanos. La ayudas europeas que permitirán relanzar la economía con proyectos, se supone, estratégicos a largo plazo, han quedado encapsuladas por La Moncloa, sin la posibilidad de sellar un gran acuerdo nacional en el que el primer partido de la oposición ocupe un lugar destacado. No es el mejor gobierno para un momento tan complicado, pero Sánchez ha optado con mantener a su vicepresidente segundo, a pesar de que su mayor preocupación no ha sido la salud pública ni afrontar la crisis económica en la que estamos entrando, sino desestabilizar el «régimen del 78». Su gran logro político es indultar a los que, condenados por sedición, intentaron acabar con la Constitución, hecho que ahondará aún más la división en la sociedad española.