El rapto de Cataluña

Las razones por las que tampoco en segunda votación fue elegido el candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, solo pueden entenderse desde la dinámica irracional del independentismo. El motivo no era por nada que tuviese que ver con el programa de gobierno, del que nada se sabe, sino por quién y cómo se dirige el «proceso» de ruptura final con Estado, si será Puigdemont desde un fantasmagórico Consejo por la República –que rompería la arquitectura institucional de la Generalitat– o desde un nuevo vicariato a cargo de ERC. La noche del pasado 14 de febrero, el independentismo se arrogó, como siempre, la victoria electoral y la hegemonía social, anunciando que con esos resultados la vía hacia la secesión era imparable. Sólo les faltaba saber en cuánto tiempo iban a plantear un nuevo referéndum y si la declaración de independencia sería unilateral. Pero hay algo con lo que no cuentan. Los partidos separatistas –ERC, JxCat y la CUP– obtuvieron 1,3 millones de votos, lo que quiere decir que, con una abstención récord del 46,46%, representan el 23% del total de los electores. Su crecimiento se ha detenido, aunque la presión social y el despotismo que ejercen desde las instituciones han aumentado. Con esta situación es difícil que puedan imponer un gobierno que a corto plazo declare la independencia. Lo sabe ERC y los sabe JxCat, pero sobre todo son conscientes de que lo que se está librando es una guerra sin cuartel por el poder de la Generalitat, algo de lo que los herederos de la Convergencia pujolista no quieren desprenderse, y que los de Oriol Junqueras nunca han tenido tan cerca. Ayer fracasó de nuevo la investidura, después de un mes y medio de supuestas negociaciones no se sabe sobre qué, y con la perspectiva de seguir dos meses hasta el 26 de mayo, si fuese necesario, hasta forzar unas nuevas elecciones. Ante esta situación cabe preguntarse qué gobierno puede salir de quien no ha sabido a estas alturas llegar a un acuerdo aun siendo socios y cómplices en su estrategia secesionista. Decía hace unos días el líder del PSC y ahora ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, que en cuanto hubiera un gobierno en la Generalitat se pondría en marcha la «mesa de diálogo». Sin embargo, seguimos sin saber sobre qué va a versar este diálogo y si irá más allá de los límites marcados por la Constitución. Sólo se sabe –y esto sí lo confirmó Iceta– que el Gobierno está tramitando la solicitud de indultos de los presos del 1-O, porque «es una obligación», y que la imposibilidad de modificar el delito de sedición en el Código Penal es del centroderecha. Es normal que desde esta perspectiva la situación política en Cataluña esté estancada en una ciénaga en la que el independentismo no encuentra límite a sus desvaríos y en la que el constitucionalismo ha perdido la voz. Por la cuenta que le trae a un debilitado Pedro Sánchez, prefiere mantenerse al margen.