Crisis institucional

Las cosas no iban bien para Sánchez en los sondeos. La llegada de Feijóo a Madrid, con un perfil conciliador y de gestión, sumado al deterioro que la imagen del gobierno ha tenido a lo largo de la legislatura, había provocado la desmovilización del electorado socialista.

Las disputas internas en Podemos, que hacen dudar de que Yolanda Díaz llegue a ser candidata, y meteduras de pata como la de la Ley del sí es sí, dejan a los morados en una situación de clara debilidad electoral.

A Sánchez le preocupa la suma de las dos tendencias, porque su permanencia en el poder depende no solo de sus votos sino de los de sus socios. La estrategia diseñada por el cuadro de mando monclovita es evidente: elevar la tensión política para movilizar al electorado.

A Feijóo ese escenario le perjudica y las encuestas lo proyectan. Es posible que los electores de izquierda hayan empezado a coger tono porque a medida que la derecha toma posiciones beligerantes, el sentimiento de rechazo aflora entre los más pasivos.

Pero lo que está ocurriendo entre el ejecutivo y el poder judicial tiene el trasfondo de una crisis grave que va más allá de lo coyuntural y que dejará secuelas no solo por la pérdida de confianza y de prestigio de las instituciones, sino porque se ha abierto la veda a ensanchar los márgenes de actuación sin control judicial del poder político y de intervenir en política desde el poder judicial.

El sistema judicial español no es la panacea, pero en un mundo imperfecto cumple adecuadamente con el cometido de poner límites a la tentación de ostentar el poder absoluto.

La ofensiva política para controlar el Consejo General del Poder Judicial y el enfrentamiento con el Tribunal Constitucional ha debilitado la credibilidad de las instituciones y de los propios magistrados, que hoy son percibidos como soldados al servicio de los dos bloques políticos.

No fue aceptable cuando algunos vocales del CGPJ incumplieron su obligación de nombrar miembros del TC, pero es igualmente rechazable la jugada de ingeniería parlamentaria por la que Sánchez ha preparado un paquete para terminar el 2022, en el que pretende aprobar de un plumazo medidas de enorme calado que afectan a la Constitución misma o al Código Penal con la supresión de penas para los que vuelvan a intentar otro 1 de octubre de 2017.

Dentro de unos meses termina la legislatura y la situación política e institucional está más rota que nunca. Están claras las responsabilidades.