El chantaje de Puigdemont y la indignidad del PSOE

El chantaje de Puigdemont, así como de Junqueras, Otegi y Ortuzar ni me sorprende ni me escandaliza. Es algo que estaba en el guion. Era lo previsible. Lo que es inaceptable es el indigno comportamiento del PSOE. La dignidad de las instituciones debería de estar por encima de la obsesión de Sánchez por seguir en La Moncloa para asegurarse que el año que viene lo elijan presidente del Consejo de la UE. Es un chantaje grosero propio de mafiosos que exigen el pago por adelantado porque no se fían de que el chantajeado cumpla sus compromisos. Lo sorprendente es que García-Page sea el único dirigente socialista en activo que se atreve a levantar su voz para exigir que no se acepte la indignidad de comprar la presidencia del Gobierno a cambio de imponer el uso del catalán, el vasco y el gallego en el Congreso, la amnistía de los delincuentes del «procés» y el referéndum de autodeterminación. Nunca en el Historia de España y probablemente de Europa se pagó un precio tan caro e indigno para satisfacer las ambiciones de un político. El problema es que no lo paga Sánchez, sino que lo hacemos todos los españoles. Hay que reconocer que la operación es tan soez que no se esconden.

No hay ética que aguante un escándalo de estas proporciones y pone sobre la mesa, desgraciadamente, el nivel de algunos políticos que han perdido la capacidad de autocrítica. La amnistía de febrero de 1936 que afectó a los condenados por la Revolución de Octubre de 1934 fue vergonzosa e indigna, pero es cierto que formaba parte del programa político de los partidos del Frente Popular. La izquierda y los nacionalistas trasladaron la presión a las calles por lo que se aceptó la amnistía como una medida de pacificación que no serviría, finalmente, para nada. Con respecto a las irregularidades y los fraudes cometidos en aquellas elecciones se han pronunciado prestigiosos historiadores demostrando lo sucedido con datos objetivos. Una vez más se imponía una impunidad, como quieren Puigdemont y sus amigos, porque se quebró la división de poderes. Los delitos se habían cometido y las sentencias condenatorias habían estado acompañadas de todas las garantías procesales.

La amnistía es un acto político que no tiene encaje en la Constitución y que, una vez más, es un grave atentado contra la división de poderes. Es una intromisión ilegítima de los poderes Ejecutivo y Legislativo en el Judicial. Los que afirman que es constitucional son unos ignorantes y deberían sentir vergüenza. En el caso de Sánchez y sus ministros la situación es lamentable, además, porque decían justo lo contrario de lo que ahora defienden. No iba en su programa electoral y aseguraron tajantemente que nunca se haría. El secretario general del PSOE se comprometió a entregar a Puigdemont a la Justicia para que respondiera por sus actos. Otra cuestión distinta, aunque no la comparto, es que una vez que hubiera sido sentenciado se eligiera el camino, también indigno, del indulto político que tendría que estar prohibido. Ni los delitos de este tipo ni los que afectan a la corrupción deberían recibir ninguna medida de gracia, ni total ni parcial.

Los dirigentes del Frente Popular utilizaron las protestas en las calles para imponer el 21 de febrero de 1936 el decreto ley de amnistía a Niceto Alcalá-Zamora, que era el presidente de la República, así como a las formaciones de centro derecha. Fue una iniciativa de Azaña, uno de los políticos más nefastos y sobrevalorados de nuestra historia reciente. Por cierto, no tardaron en provocar la destitución de Alcalá-Zamora. Esta es la «idílica» Segunda República que una izquierda ignorante reivindica con una desfachatez ilimitada. Por cierto, lo mismo pienso del régimen franquista que le sustituiría, tras la victoria de los sublevados el 1 de abril de 1939, tras una brutal guerra civil en la que ambos bandos cometieron todo tipo de atrocidades. No son periodos de los que nos deberíamos sentir, precisamente, orgullosos. Una análisis riguroso de lo que sucedió durante la Segunda República pone de manifiesto la sucesión de despropósitos que se cometieron. Desde la aprobación de ley de Defensa de la República hasta que finalizó el conflicto bélico, se vulneraron los principios democráticos. Nunca aceptaré que se reescriba la Historia al servicio de intereses partidistas, manipulando o escondiendo la verdad, por parte de uno y otro bando.

Ahora nos encontramos ante una inquietante encrucijada. El segundo partido más importante de España está dispuesto a asumir cualquier indignidad con tal de permanecer en el poder. En lugar de buscar un acuerdo entre las formaciones constitucionalistas ha decidido aceptar el chantaje de los enemigos de España. Esta definición se ajusta a la más estricta realidad. Sánchez apoyó fervorosamente la aplicación del artículo 155 de la Constitución y afirmó, en público y en privado, que había sido una rebelión contra el ordenamiento constitucional. Lo único que ha cambiado es que su socio preferente es una formación comunista y antisistema como Sumar y sus aliados parlamentarios son los independentistas y los antiguos dirigentes del aparato político y militar de ETA. No hay que ser un agudo analista para constatar esta realidad.

Puigdemont y sus amigos han tejido un relato de mentiras para imponer la impunidad. La inconstitucionalidad de la medida que se está negociando es evidente, pero, además, no se puede promover una amnistía que cuenta con un rechazo social tan amplio. No ha existido ninguna represión, sino la aplicación de un Código Penal propio de cualquier democracia avanzada. Ahora pretenden borrar los graves delitos cometidos y condenar a España como si fuéramos una de esas repúblicas bananeras que tanto gustan a la actual dirección del PSOE y a la izquierda radical.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)