¡A defender la democracia liberal!

Abrimos el angular. En Israel una parte de la población está movilizada para defender la democracia liberal. Benjamín Netanyahu aprovecha una mínima ventaja en las elecciones para intentar someter el poder judicial al ejecutivo. De forma concreta, para someterlo a los intereses de Netanyahu y varios miembros de su equipo –que son delincuentes con sentencias firmes y/o sospechosos de distintos delitos–. De fondo está el peligro a medio plazo del pluralismo ideológico y de la igualdad ante la ley en Israel.

Aproximamos el angular. El Gobierno español más débil de la democracia aprovecha una mínima ventaja potencial en las elecciones para intentar hacer pasar por constitucional una ley de Amnistía –y una operación viscosa sobre la soberanía nacional– para satisfacer a encausados en graves delitos. La operación está en el alero y ahora mismo no sabemos qué pasará.

El mismo gobierno, por apuntalar su poder, ya concedió indultos arbitrarios a condenados en firme y modificó el delito de malversación para favorecerles. Desde la entrada de los populistas de izquierda en el gobierno de la nación se ha descalificado desde éste –crecientemente– a los jueces, en un claro ejercicio de buscar su autocensura. El equipo de «opinión sincronizada» dice que es por la convivencia y para mantener una mayoría progresista, pero las dos cosas son una filfa y de fondo está el peligro a medio plazo del pluralismo ideológico –y ya– de la igualdad ante la ley en España.

La orientación ideológica del populismo no lo exonera, del mismo modo que no cabe invocar mayorías para violentar la ley, porque «el número de malhechores no autoriza el crimen» (Dickens). Ahora bien, la orientación ideológica del populismo de izquierda enmascara más tiempo el trampantojo y eso supone una amenaza adicional para la identificación y solución de nuestro problema.

No hay soluciones milagro en estos tiempos en que hay tantos gobernantes que se sirven estructuralmente de las medias verdades –convertidas en mentiras masivas– para abusar de sus prerrogativas.

En nuestro caso, la cuestión de fondo –en mi opinión– es que la reconciliación sin condena sobre el asalto al estado de derecho democrático en Cataluña significa dar la razón al populismo identitario excluyente, y supone obligar al Síndrome de Estocolmo a millones de ciudadanos. Un síndrome de Estocolmo para los que temen que les despojen de la etiqueta de «progresistas» y los arrojen al infierno simbólico de ser calificados como derechistas, o peor aún, como fascistas. A esto hemos llegado.

Y la Unión, ¿qué puede decir de esto?

Tenemos informes sobre el Estado de Derecho en la Unión, desde hace pocos años, pero suponen un avance en el control de la UE sobre el Estado de derecho en tiempos de despunte del populismo. Existen, claro, los instrumentos excepcionales previstos en los Tratados y la recientemente acordada previsión de condicionalidad de fondos ante situaciones de incumplimiento.

La elaboración del informe, por ejemplo, se basa en un diálogo abierto con los ejecutivos y se redacta sin intención de hacer sangre, puesto que se persigue estimular reformas y cambios en los problemas detectados.

Los instrumentos extraordinarios de protección de los valores enunciados en el artículo 2 de los Tratados de la Unión, mediante el artículo 7 del TUE prevé un mecanismo para determinar la existencia (y la posible sanción) de una violación grave y sistemática. Es nuestro artículo 155 europeo, por simplificar. Se puso en marcha por primera vez en relación con Polonia y Hungría y no se ha llegado a culminar. Es difícil aplicarlo, por su impreciso contorno.

La aparición de amenazas a los valores de la Unión en algunos estados miembros, han llevado a reforzar los instrumentos para contrarrestar el retroceso democrático y se han aprobado medidas que van desde la monitorización del estado de derecho, al mecanismo de condicionalidad del presupuesto.

Este mes de julio el Comisario Reynders afeó a España sobre el Consejo General del Poder Judicial, apuntó que el régimen de incompatibilidades para los jueces sigue suscitando preocupación, o que se siga sin tomar medidas para reforzar el estatuto del Fiscal General. Indicó someramente la cuestión de la revisión del delito de apropiación indebida y exigió a España una reforma de la ley que regula la financiación de los partidos políticos, así como que los políticos deslegitimen a los jueces.

El informe se queda corto en relación con el deterioro del estado de derecho y la erosión de salvaguardas del mismo en Cataluña, porque las triquiñuelas legales de la Administración catalana y la complicidad del Gobierno de la nación todavía lo consiguen tapar un poco. Arrastran los pies porque asumirlo supone un reto muy complicado. Lo máximo que ha hecho el comisario es indicar a Aragonés en Bruselas, y a la opinión pública en Madrid, que las sentencias están para cumplirse en relación al 25% de español en la enseñanza.

Ahora bien, si Sánchez sigue deslizándose en el populismo duro, la Comisión Europea terminará actuando, pero será lenta y, por tanto, frustrante. Hay otra cosa: sin esforzarnos nosotros en preservar la democracia liberal tampoco sería justo pedir sopitas. Toca defenderla: por ejemplo, en Barcelona, el ocho de Octubre.