Opinión

Acción frente a demagogia

La Razón
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No se han hecho esperar las críticas de la oposición y de las asociaciones de asistencia social más vinculadas a la izquierda a la puesta en marcha del Fondo Extraordinario contra la Pobreza Infantil, impulsado por el Ministerio de Sanidad. Se critica tanto la cantidad presupuestada para las ayudas –17,4 millones de euros–, como el reparto de la misma entre las comunidades autónomas. Especialmente beligerante ha sido la Junta de Andalucía, que en un ejercicio de hipocresía calla la verdad de los hechos: que cuando se pactó el reparto felicitó al Ministerio y que dio su visto bueno a cambiar el año próximo el sistema de asignación. La demagogia, como la mentira, tiene las patas cortas.Una primera consideración sobre el asunto nos lleva a recomendar a los portavoces socialistas que mantengan alguna coherencia con sus acciones, puesto que la distribución del Fondo en base a la llamada tasa Arope, un indicador social de la UE, había sido pactada por los consejeros autonómicos del ramo, incluido el representante andaluz, por entender que respondía mejor a la situación de las familias afectadas. Y respecto a la cuantía del fondo, tal vez sea insuficiente para cubrir las múltiples necesidades, pero no está de más recordar a los críticos que la tasa de pobreza infantil en España se incrementó entre 2007 y 2010, en pleno Gobierno socialista, en más de tres puntos, hasta situar la media nacional en el 21%, frente al 13% de la media europea, sin que el anterior Ejecutivo se planteara siquiera abordar un plan de ayuda específico. Además, el dinero del fondo extraordinario, como su propia denominación indica, es complementario de otras actuaciones sociales del actual Gobierno, como el Plan de Emergencia Social, los proyectos de inclusión o el Fondo de Alimentos, que han supuesto el desembolso de ayudas por otros 135,5 millones de euros. Tampoco es de recibo el recurso a la demagogia sobre la situación de las familias destinatarias de las ayudas, a quienes se puede llegar a afectar a su dignidad, al dejar en el aire la insinuación de que no atienden las necesidades básicas de sus hijos. No. El Fondo trata de responder a la estrategia de crecimiento comunitaria EU2020, que amplía el concepto de «riesgo de pobreza y exclusión social» no sólo en términos de nivel de renta, sino a criterios multidimensionales. Ése es el objetivo de la tasa Arope, que contempla hogares con poco trabajo o con dificultades materiales severas. De ahí que el fondo trate de paliar carencias en materia de alimentación, por baja calidad de la misma o ausencia reiterada de nutrientes básicos; aseo personal, calefacción, agua y luz, alquiler de vivienda o medicamentos. Criterios que no tienen por qué ser correlativos al porcentaje de población o que las regiones donde reside un mayor porcentaje de familias gitanas dispongan de un presupuesto específico. Todo es mejorable, pero la puesta en marcha del Fondo es un acierto.