Santiago de Compostela
Comparecencia convincente
El Congreso acogió ayer las comparecencias de los presidentes de ADIF y de Renfe, Gonzalo Ferre y Julio Gómez-Pomar, respectivamente, para dar cuenta de las actuaciones de sus compañías en torno al accidente ferroviario que tuvo lugar en las proximidades de Santiago de Compostela el pasado día 24 de julio y que costó la vida a 79 personas. Sus testimonios resultaron pormenorizados y prolijos en datos acerca de los sucesos de aquella jornada, al tramo en cuestión, la vía, el tren y el maquinista. Fue un ejercicio de transparencia que permitió conocer detalles significativos y clarificadores. El presidente de ADIF explicó que la línea Orense-Santiago estaba planificada como una línea de AVE, y estaba dotada con el sistema de seguridad ERTMS, pero que el Gobierno socialista, con José Blanco como ministro de Fomento, decidió cambiarla a un ancho convencional y dotarla con el dispositivo ASFA, que limita la velocidad a 200 kilómetros por hora, por considerar que los intercambiadores de ancho de vía con que se hubiera debido dotar habrían aumentado el tiempo de viaje. En este punto, no está de más apuntar que el sistema de señalización ASFA está presente en la práctica totalidad de la red convencional española, al igual que en la mayor parte de las europeas, y que más de 7.000 trenes han recorrido el tramo sin incidentes. Ferre apuntó que la trágica curva de A Grandeira no fue objeto de ninguna de las 300 alegaciones que recibió el proyecto de acceso a Santiago, como tampoco se ha recogido queja ni incidencia alguna desde su entrada en funcionamiento. Ni un pero, insistimos, ni siquiera de todos esos grupos de la izquierda que están instrumentalizando sin pudor la tragedia. Julio Gómez-Pomar, por su parte, confirmó las óptimas condiciones en las que se encontraban el tren –que había pasado una revisión ese mismo día–, el propio maquinista y la vía –que había sido inspeccionada el 20 de abril–. Las comparecencias resultaron convincentes y esclarecedoras en línea con la gestión rigurosa y eficiente de Fomento desde el mismo día del accidente. A la espera de las recomendaciones del Comité de Investigación de Accidentes Ferroviarios y de las de la Comisión de Expertos parece obvio que la entrada a Santiago cumplía con la normativa en vigor, que el error humano fue determinante y que cuestionar la seguridad del sistema ferroviario español es un despropósito que sólo puede responder a intereses nada confesables. La izquierda parlamentaria lo intentó ayer con una sobreactuación tremendista e irresponsable, que manejó la tragedia para atacar al Gobierno. La realidad es otra. España es líder en infraestructuras ferroviarias y la seguridad es la prioridad. Por eso, la ministra Ana Pastor informará hoy de medidas adicionales en este campo. Es el camino adecuado.
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