Democracia contra demagogia

En el Reino de España la expresión de la voluntad popular está garantizada por la Constitución y las leyes, que establecen con claridad los cauces de participación y los distintos ámbitos decisorios. Así, las Cortes Generales, compuestas por el Congreso y el Senado, ejercen la representación del pueblo español a través de parlamentarios elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. En la Cámara actual, los diputados de Izquierda Unida representan al 6,92 por ciento del cuerpo electoral, una minoría digna de todo el respeto de una sociedad democrática, pero que no debería arrogarse más apoyo del que le han concedido las urnas, ni mucho menos, identificar su sobrevenido fervor republicano con la opinión mayoritaria de los españoles. Ciertamente, nuestra Carta Magna no contiene una disposición específica que prohíba cambiar la forma del Estado, como ocurre, por ejemplo, con la Constitución francesa, que blinda el modelo republicano, pero sí establece con meridiana claridad cuáles son los procedimientos para su reforma, que, en el caso del Título Preliminar y del Título II –referidos, respectivamente, a la forma política del Estado y a la Corona–, exige su aprobación por mayoría de dos tercios de cada Cámara, disolución de las Cortes, nuevas elecciones, nueva aprobación del texto reformado, también por dos tercios de las Cortes, y convocatoria de referéndum para su ratificación. Un procedimiento muy garantista, que fue así buscado por los padres de la Constitución para evitar que el marco en el que se establecía nuestra convivencia estuviera al albur de coyunturas políticas de cualquier signo. Bajo esa norma votada por la inmensa mayoría de los españoles y bajo la Monarquía parlamentaria por ella establecida, España ha experimentado el mayor avance político, económico y social en los últimos dos siglos, alineándose con las naciones democráticas y recuperando su papel en el concierto internacional. Así lo entiende la mayoría de los españoles, que no ven incompatibilidad alguna entre la Monarquía parlamentaria y un régimen de libertades. Se puede entender que en las circunstancias actuales, en la salida de una crisis grave, que ha afectado extensamente al conjunto de la sociedad, haya sectores, incluso con representación parlamentaria, que busquen supuestos réditos políticos en el populismo y la demagogia. Pero ante ese escenario, que se ha repetido no pocas veces en la historia europea, se había precavido la Carta Magna. Para oponer a la agitación fácil de las calles, a los movimientos radicales, a los oportunistas y a los demagogos la serenidad, la confianza y la garantía de la libertad y la convivencia que representan las leyes de un Estado de Derecho e impecablemente democrático como es el Reino de España.