El oportunismo de Ciudadanos con el PP perjudica al Estado

Sería hipócrita rasgarse las vestiduras cada vez que un político actúa desde el oportunismo, entre otras cuestiones, porque es un recurso habitual en el enfrentamiento entre partidos, que el ciudadano detecta fácilmente y no llama a engaño a nadie. Sin embargo, existen situaciones en las que ese tipo de tácticas pierden cualquier legitimidad y se acercan peligrosamente al puro ventajismo. En este sentido, nos parece, cuando menos, arriesgada para su propia credibilidad la actitud del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ante las dificultades que atraviesa el Gobierno de la nación a la hora de hacer frente a un desafío sin precedentes en la historia de las democracias occidentales, como es la pretensión por parte del separatismo catalán de hacer presidente de la Generalitat a un individuo fugado de la Justicia y expresamente dispuesto a mantener el reto golpista al Estado. La situación provocada por las decisiones del presidente de la Cámara autonómica catalana, Roger Torrent, dispuesto a forzar la investidura de Carles Puigdemont, es tan insólita, tan inimaginable a priori, que difícilmente podía haber sido prevista por nuestro ordenamiento jurídico. De ahí que lo que el dictamen del Consejo de Estado considera una mera hipótesis –la investidura de Carles Puigdemont–, cuyo tratamiento procesal no procedería en este momento, sea una amenaza declarada y muy real contra la democracia española a la que nuestro Gobierno no puede asistir pasivamente. Así lo ha entendido el principal partido de la oposición, el PSOE, que por medio de una de sus miembros de la Ejecutiva Federal, Carmen Calvo, ha reiterado su apoyo al Ejecutivo, insistiendo en que el Consejo de Estado no le quita razón para impugnar la candidatura, sino que se refiere al procedimiento puntual y a los tiempos, para añadir que le parece un «chiste» que Puigdemont haya pedido la dimisión de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Contrasta esta posición, como señalábamos al principio, con la de Albert Rivera, quien no sólo ha acusado al Gobierno de Mariano Rajoy de haber actuado en este asunto movido «por lo nervios y los intereses de partido», sino que ha advertido que exigirá explicaciones si el Tribunal Constitucional no admite a trámite la impugnación solicitada por el Ejecutivo en base al artículo 162.2 de la Carta Magna. Ni siquiera se entiende la reacción del líder de Ciudadanos desde el resquemor que le haya podido producir que el Gobierno no hubiera consultado con él, como si hizo con el secretario general socialista, Pedro Sánchez, las medidas que estudiaba aplicar. Y no se entiende porque, en primer lugar, nos hallamos ante una grave cuestión de Estado, que afecta a la esencia de la soberanía nacional y, por otro, a que era preciso coordinar acciones con el PSOE, puesto que este partido, a diferencia de Ciudadanos, sí tenía previsto recurrir la investidura fantasma de Puigdemont. Ciertamente, el Gobierno corre un riesgo político en todo este asunto, como ya lo corrió cuando hubo que aplicar el artículo 155 en Cataluña, –medida a la que Ciudadanos no se adhirió , eso sí, con gran entusiasmo hasta que se aseguró de que la opinión pública española no iba a tolerar el golpe antidemocrático del separatismo–, pero gobernar es tomar decisiones, por muy costosas en términos electorales que éstas sean. La sola posibilidad de que un prófugo de la Justicia, que se ha burlado reiteradamente de las resoluciones judiciales y sobre el que recaen graves acusaciones de rebelión y desobediencia, pueda ser votado como presidente de la Generalitat, supondría hacer pasar a la sociedad española por el oprobio que ya tuvo que vivir con la declaración unilateral de independencia.