El peso de la corrupción

La credibilidad de la democracia depende en buena medida de las instituciones y de las personas que las representan. La responsabilidad de los gobernantes, los políticos y el resto de los servidores públicos es determinante en cuanto que el ejercicio adecuado de su función calibra al mismo tiempo la confianza de los ciudadanos en el sistema. La crisis económica y sus efectos han profundizado la brecha entre gobernantes y gobernados hasta llegar a un desencuentro serio. Los casos de corrupción descubiertos han agudizado esa desafección en un entorno sometido a severos sacrificios. Los ciudadanos buscan ejemplaridad y demandan que los políticos estén a la altura de la exigencia. El barómetro del CIS de enero, que no recoge los efectos del «caso Bárcenas», aunque sí el desenlace del «caso Pallerols», refleja el creciente desencanto. La preocupación por la corrupción y el fraude se ha duplicado y se ha convertido en la cuarta inquietud para los españoles por detrás del paro, la economía y los políticos. El 17,7% de los encuestados citó los escándalos como el primer problema cuando tan sólo el 7,2% lo hizo el mes anterior. En cuanto a los políticos, la desconfianza hacia ese colectivo se acercó a su máximo histórico en enero. Tres de cada diez españoles (30,3%) afirman que la clase dirigente es el principal contratiempo de España, una cifra muy cercana al tope (30,5%), alcanzado en octubre de 2012. Este estado de opinión constata un grado de descontento que no se puede relativizar y que demanda respuestas. No se trata de generalizar ni de caer en un tremendismo absurdo, pues creemos que la mayoría de los representantes públicos actúa con seriedad, respeto a las leyes y lealtad. Pero para muchos españoles hay un problema de opacidad que es preciso atajar con los instrumentos de la Justicia, sin procesos inquisitoriales y desestabilizadores, desde la convicción de que la corrupción es un fenómeno transversal que debe quedar al margen de luchas partidistas. El «caso Bárcenas», que ayer entró en la senda judicial de la que nunco debió haber salido, revela hasta qué punto es dañino para toda la sociedad el abuso partidista de la preocupación ciudadana por la corrupción. El camino adecuado es progresar en la transparencia, que es una obligación ineludible de las instituciones y un derecho de los ciudadanos. La Ley de Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, impulsada por el Ejecutivo de Rajoy, ha sido un paso en la buena dirección. Disponemos de los instrumentos legales precisos y necesitamos la voluntad para aplicarlos de forma ejemplar. La regeneración democrática no llegará por una secuencia espontánea, sino desde el compromiso con la ética pública. Reducir el desapego ciudadano es prioritario para mejorar la salud democrática.