El PP no está solo: La sociedad respalda la prisión permanente

Cometen una grave equivocación política quienes pretendan con el proceso de derogación de la Prisión Permanente Revisable poner de manifiesto la minoría parlamentaria del Partido Popular y su incapacidad para defender una reforma del Código Penal que, como señalaba ayer Javier Arenas, vicesecretario del PP, fue elevada por la sociedad a la reflexión de los legisladores, y no al contrario. Tal vez, los populares, y sus socios de UPN, no dispongan con sus 135 escaños de la fuerza suficiente, pero sí cuentan con el respaldo general de la ciudadanía, que sabe distinguir perfectamente la diferencia entre una cadena perpetua y una pena de encarcelamiento sujeta a revisión y, por lo tanto, remediable. Al menos, así se desprende de la encuesta de «NC Report», que hoy publica LA RAZÓN, cuyos resultados reflejan un nivel de consenso social difícilmente alcanzable en cualquier otra temática. Nada menos que el 72 por ciento de los encuestados se muestra favorable a la aplicación de la prisión permanente revisable para los crímenes especialmente graves, sin que haya diferencias apreciables en las respuestas por tramos de edad. Es más, el 54,9 por ciento de los consultados creen que debería eliminarse la posibilidad de revisar la pena, posición de dureza que, curiosamente, respaldan en mayor medida los encuestados más jóvenes. También hay un consenso general –el 70, 8 por ciento– sobre la necesidad de que esa pena se aplique en caso de violación, y, en lógica consecuencia, el 69,7 por ciento de los encuestados rechazan que el Congreso derogue la reforma del Código Penal, con una mayor beligerancia, otra vez, entre quienes se encuentran en la franja de edad de 18 a 29 años, que se oponen a la retirada de la medida en un 73,4 por ciento. Existe, pues, un respaldo general entre la opinión pública española a una sanción penal que se percibe como equilibrada y necesaria para la defensa de las víctimas y la potencial disuasión de los criminales. En consonancia con nuestro sondeo, Rocío Viéitez Ferro, la madre de las pequeñas Candela y Amaya, asesinadas con una sierra radial por su padre, –que es, hasta ahora, el único convicto sentenciado en España a prisión permanente revisable– ya ha conseguido reunir 365.000 firmas para elevar una petición al Congreso para que mantenga la pena. Petición que comparte LA RAZÓN. Miles de lectores han respaldado la iniciativa a través de nuestra página web. En efecto, el PP ni está solo en esta batalla, que se ha convertido en una gran preocupación transversal para el conjunto de la sociedad española, que ha sufrido demasiadas veces la tragedia de una delincuencia especialmente atroz, que encuentra sus víctimas entre las personas más vulnerables, ni debe tirar la toalla ante una actuación de la oposición que carece de cualquier justificación razonable. En este sentido, hay que recordar que los argumentos del PNV en su propuesta de retirada de la medida no sólo no se sostienen en sí mismos, sino que parecen referirse a otro país y a otro tiempo, argucia política muy cara a los nacionalismos, siempre dispuestos a denigrar a la democracia española y a la calidad de sus instituciones. Así, la prisión permanente revisable, tal y como la ha plasmado el legislador, ni atenta «contra la dignidad de los seres humanos» ni supone «trato inhumano, cruel o degradante» ni, mucho menos, vulnera la Carta Magna en lo que se refiere al derecho a la reinserción de los condenados. Todo lo contrario, la propia posibilidad de reinserción es lo que limita la aplicación de la pena. Es, además, una medida que se encuentra en las legislaciones de la mayoría de los países de nuestro entorno.