El TC pone a Mas en su sitio

Aaunque el delirio separatista que embarga al presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, deja ya poco espacio al asombro, no dejan de ser sorprendentes las reacciones de los portavoces y representantes de las formaciones independentistas ante la resolución de Tribunal Constitucional, suspendiendo la declaración soberanista aprobada por el Parlamento catalán. Es el caso, destacado, de la presidenta de la Cámara autonómica, Núria de Gispert, que se mostró ayer muy sorprendida ante «lo insólito» de que el TC hubiera admitido a trámite el recurso del Gobierno y hubiera «suspendido una declaración política», cuando, precisamente, lo que se dilucida es la constitucionalidad de un acto con efectos jurídicos inicuos. Los magistrados del TC no podían dejar pasar, como si no tuviera la menor importancia, un acuerdo parlamentario en el que se declara que Cataluña es «sujeto jurídico y político soberano», en clara contradicción con lo establecido por nuestra Constitución en su artículo primero, que dictamina con claridad meridiana que la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español. Puestos al asombro, más debería producirlo el que cuatro magistrados del alto tribunal no hayan votado una resolución en nada sujeta a interpretaciones, especialmente cuando el Gobierno se remitía al artículo 161 de la Carta Magna, que establece que la impugnación por parte del Ejecutivo de las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas «producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida». Es de esperar que los magistrados del TC recuperen la unanimidad a la hora de defender la letra y el espíritu de nuestra Constitución, que se fundamenta «en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común de todos los españoles». Hay que resaltar, por otra parte, la seguridad y eficacia con que el Gobierno de Mariano Rajoy está abordando el desafío planteado por Artur Mas. Sin dejarse atrapar en la trampa de declaraciones, insultos e invectivas tendida por los separatistas catalanes, el recurso sereno a las leyes era la mejor opción y así empieza a demostrarse. Si, ciertamente, se había instalado en una parte de la sociedad española la idea de que, ante las iniciativas emprendidas por la Generalitat en su intentado proceso hacia la independencia, no se podía hacer nada, la decisión del Tribunal Constitucional ha acabado con ese pesimismo paralizante. La línea de la legalidad constitucional está claramente delimitada y en ella no caben los intentos de romper la unidad de la Nación segregando una parte de la misma, como es Cataluña. No es de esperar una rectificación por parte de Artur Mas, pero, cuando menos, sí que comprenda que cualquier consulta o resolución independentista estará fuera de la Ley.