Elecciones para una mayoría real

Pedro Sánchez consiguió salir victorioso de la moción de censura contra Mariano Rajoy, el pasado 1 de junio, hace exactamente dos meses, contra todo pronóstico. Aquella operación era de alto riesgo, un todo o nada, precisamente en el momento más bajo del PSOE –con sólo 86 diputados– y de su líder. La ganó gracias a la concatenación de diferentes astros del arco parlamentario con el único objetivo de eclipsar a Rajoy, que había estado al frente de dos de las más graves crisis que ha tenido España en democracia: la económica y el ataque frontal al Estado desencadenado por el «proceso» separatista. Se forjó una mayoría exigua a través de una tenaza formada por Podemos y los independentistas catalanes, más el PNV, la pieza clave, que traicionó al Gobierno después de aprobar unos presupuestos muy al gusto de los nacionalistas vascos y muy fieles a su estilo de «paz aparte» –es decir, nosotros, a los nuestro–. Sánchez se comprometió a convocar elecciones generales lo más pronto posible y ese fue el objetivo con el que presentó la moción de censura («será un Gobierno que convoque elecciones, pero antes de esa tarea hay que recuperar la estabilidad, limpiar las instituciones públicas y atender las urgencias sociales que este Gobierno no atiende»), aunque decoró con mensajes inconcretos de higiene democrática. Pronto se demostró que no iba a ser así, que su objetivo era servirse del poder que otorga el Gobierno para relanzar el liderazgo de Sánchez y de su partido. El «ahora o nunca» expuesto por el núcleo dirigente del PSOE. Si la moción de censura, aun siendo un recurso constitucional, es una fuente de inestabilidad política –no deja de ser una minoría que cambia el sentido de su voto a favor de una nueva mayoría–, no convocar elecciones de manera inmediata es seguir propiciando una situación de incertidumbre. En contra de lo anunciado por el Gobierno, el 62,5% de los consultados en un sondeo de NC Report que publicamos hoy considera que Sánchez debería convocar elecciones de inmediato, frente al 29,5% que no lo cree así. Llegó a la Moncloa sin programa político, pero pronto lanzó unas propuestas propias de la nueva comunicación política que está inspirando su mandato, donde no cuenta tanto la solución del problema como marcar una línea divisoria frente al adversario político. Así ha hecho con la emigración, la exhumación de los restos de Franco o con la ley de estabilidad presupuestaria, en la que el Senado queda en la irrelevancia cuando el PSOE propone lo contrario en su propuesta de reforma de la Constitución, convertirlo en una Cámara territorial. Un 38,1% valora negativamente las políticas anunciadas por el Gobierno, mientras o 28,7% está a favor. De lo que no hay duda es que una política errática, sobre todo en cuestiones que afectan al déficit, planes de incremento de IRPF, globos sondas sobre un impuesto a la banca o contrarreforma laboral, puede afectar negativamente a la economía. Así lo cree un 59,2% frente a un 33,3%. Otra cosa es la política de alianzas en la que Sánchez ha basado su gobierno que, como no puede ser de otra manera, con sólo 86 diputados es extremadamente débil. Alargar la legislatura dependerá, por un lado, de cómo valoran las encuestas la candidatura de Sánchez –el primer CIS tras la censura, muy «cocinado», ya le daba la victoria–; por otra parte, del apoyo de los independentistas y, en menor medida, de Podemos. Un 49,9% cree que el Gobierno está muy condicionado por estos aliados, frente al 42,5% que no lo ve así. En lo que hay menos dudas es que el plan de negociación de Sánchez con la Generalitat le está obligando a ser permisivo con el independentismo en su presión a la ciudadanía no nacionalista. Es insostenible que el Gobierno dependa de unos partidos –PDeCAT y ERC– que preparan con alevosía un choque frontal con el Estado.