Firmeza de Ruiz-Gallardón

En respuesta a la manifestación de ayer en «defensa» de los terroristas de ETA encarcelados, el ministro de Justicia no puede ser más elocuente en las páginas de LA RAZÓN de hoy: aunque la banda se disuelva, el Gobierno no «premiará» de ninguna forma y en ningún caso a sus presos. La desaparición de la organización terrorista es un imperativo categórico del Estado de Derecho, que no admite ni trato ni cambalache con el cumplimiento de las penas de los que han delinquido. Aunque no encierre nada nuevo este enunciado, es de agradecer que Ruiz-Gallardón lo recuerde al mismo tiempo que en Bilbao la izquierda proetarra, apoyada por algún ex falangista y por actores de reparto, se empeña en presentar a los reclusos como héroes o como esforzados «combatientes» de un ideal. Discrepamos rotundamente de que la Audiencia Nacional haya autorizado esa marcha cuyo único fin era glorificar a los etarras que, por sus crímenes, cumplen condena; una cosa es reclamar públicamente que cambien las condiciones carcelarias y otra bien distinta reivindicar la conducta de los encarcelados, pues equivale lisa y llanamente a hacer apología del terrorismo con efectos retroactivos. Nos congratulamos, pues, de que el ministro de Justicia sostenga con firmeza una política penitenciaria congruente con el Estado de Derecho y en defensa de las víctimas, política que sin duda alguna comparten los demás miembros del gabinete de Rajoy. Lo cierto es que Ruiz-Gallardón ha desplegado, en apenas un año, un intenso programa de reformas de muy hondo calado, nada de simples retoques. Desde una nueva ley de tasas hasta el cambio de la ley del aborto, desde una norma sobre Justicia gratuita hasta una revolución en el Poder Judicial, pasando por el endurecimiento del Código Penal, con la introducción de nuevas figuras como la prisión permanente revisable. En ningún caso se ha arredrado el ministro ante las manifestaciones, las protestas o las campañas destapadas por la oposición. Ha mantenido sus iniciativas, como las tasas vinculadas a la reforma de la Justicia gratuita, y las ha argumentado con rigor y seriedad frente a la demagogia populista de la izquierda y de algunos colectivos que se sienten perjudicados en sus privilegios o fuentes de ingresos. Lo mismo cabe decir con respecto a la reforma del Poder Judicial; es verdad que en este punto Ruiz-Gallardón no ha cumplido su promesa de que los vocales del Consejo fueran elegidos en su mayoría por las asociaciones de jueces, pero él excusa el incumplimiento en aras del consenso con el PSOE, muy aconsejable en una ley de tanta trascendencia. Por lo demás, resultan también muy oportunas y ajustadas a razón las respuestas del ministro sobre el desatino separatista de Mas: el Gobierno actuará con la Constitución en la mano.