España todavía tiene jueces independientes

La imposición de la amnistía por parte de una mayoría sobrevenida de izquierdas en el Tribunal Constitucional, aunque insuficiente para alterar principios básicos de la Carta Magna, como la igualdad de los españoles ante la ley, ha llevado al ánimo de buena parte de la opinión pública la sensación de que se ha creado una nueva instancia superior de casación del Tribunal Supremo capaz de invalidar por razones de oportunidad o conveniencia política partidaria las sentencias firmes de los tribunales. Nos encontraríamos, por supuesto, ante el riesgo de una pérdida dramática de la confianza ciudadana en la imparcialidad de la Justicia, con efectos demoledores para la normal convivencia entre los españoles.

Precisamente, a disipar tales temores no contribuyen ni la sentencia previa del Constitucional sobre el caso de los ERES de Andalucía ni, también, la campaña sostenida desde instancias gubernamentales contra los jueces instructores de los presuntos delitos de corrupción que afectan a personas próximas al Gobierno y al partido socialista. Nada más desalentador para el prestigio de las instituciones que la interiorización ciudadana de que no importan ni los hechos ni los argumentos jurídicos, sino la composición aritmética de la corte que preside Cándido Conde-Pumpido. Sin embargo, en España todavía hay jueces y tribunales independientes que aplican la ley desde criterios profesionales y con garantías de imparcialidad y proporcionalidad y a los que nuestra Constitución convierte en predeterminados, es decir, no designados ex profeso, que es la mejor garantía procesal de los ciudadanos.

Viene a cuento esta larga reflexión para resaltar que la Justicia todavía no ha dicho su última palabra ante la ley de amnistía, por cuanto el Tribunal Supremo, y la propia articulación de la norma, mantienen los procedimientos por malversación de caudales públicos del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, y las penas de inhabilitación por las mismas causas de otros responsables del procés, como Oriol Junqueras. Ciertamente, los recursos presentados por Puigdemont y compañía serán estudiados en las instancias correspondientes, pero, y ahí está la diferencia fundamental que queremos destacar, sin que se pueda presumir el resultado por el simple procedimiento de contar los votos.

Además, la Justicia española no está sola ante la arbitrariedad o el abuso desde otros poderes del Estado porque cuenta con el respaldo de los tribunales europeos, especialmente celosos en lo que se refiere a la garantía de la independencia judicial en los países miembros de la UE. Esos mismos tribunales son los que aún no se han pronunciado sobre el encaje jurídico de la ley de amnistía, aunque otras instituciones comunitarias, como la Comisión Europea, ya han advertido de su posible ilegalidad.