Inaceptable presión a la Justicia

No es nuevo que la estrategia de la Generalitat y de los dirigentes independentistas se centre en deslegitimar las instituciones del Estado y presentar a España ante el mundo como una nación que es poco menos que una dictadura. Sobre esta mentira, hoy conocida por «posverdad», se sustenta todo el discurso nacionalista catalán en esta fase de insurrección permanente. De ahí que en la actual circunstancia de la apertura para principios de 2019 del juicio contra los dirigentes encausados por los hechos que desencadenaron la declaración unilateral de independencia presionen a los órganos judiciales con la ilusa intención de que dicten sentencias favorables. Además de desconocer el funcionamiento de los tribunales, algo que debe estar en el ADN del nacionalismo –como se vio en aquella nefasta Ley de Transitoriedad que contemplaba que los jueces fuesen nombrados directamente por el gobierno catalán–, demuestran una actitud temeraria al utilizar la coacción, ya que puede tener un efecto contrario. Que hasta un vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, el «hombre puente» elegido por Moncloa en esta nueva etapa de distensión, haya hecho una llamamiento a «presionar al máximo para que el Estado tenga también un coste» da muestras de hasta donde pueden llegar y hasta donde se los está permitiendo el Gobierno de Pedro Sánchez. Ayer, de nuevo, Elsa Artadi, volvió a intimidar a la judicatura anunciando denunciar ante la Fiscalía al presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, aunque en esta ocasión sea por la sentencia de las hipotecas. Es evidente que se trata de una denuncia puramente instrumental –aunque también hayan incluido al presiente de la Sala tercera contenciosa administrativa, Luis Díez-Picazo– para, de nuevo, deslegitimar al sistema judicial español. Sus intenciones quedaban claras cuando la consejera –e interlocutora de Carmen Calvo– habla de que «la injusticia española es una amenaza para la democracia y el Estado de derecho». Se trata de apuntar al objetivo que ha marcado el independentismo: devaluar el TS y, ante una posible sentencia condenatoria, denunciar al Supremo como un tribunal incapacitado. De ahí a enaltecer a Otegi tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido un paso. Sin embargo, no se tiene en cuenta que en 2017, dicho tribunal emitió 1.068 sentencias y solo seis fueron relativas a España. La presión contra Pablo Llarena, juez instructor de la causa contra los dirigentes independentistas, ha sido constante, llegando a la intimidación física. En nada ha ayudado el abandonó por parte del Gobierno cuando Llarena tuvo que afrontar solo la defensa ante un tribunal belga tras una demanda interpuesta por Puigdemont. El Gobierno de Sánchez reaccionó tarde y forzado cuando debería haber tendido la dignidad y los suficientes reflejos ante una ataque del cabecilla máximo del golpe contra la democracia española. Es habitual en el escenario político catalán ver como los dirigentes públicos nacionalistas acuden a las puertas de los juzgados o del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a presionar y abiertamente denigrar la labor de los magistrados. No olvidemos que las asociaciones de jueces han denunciado que, desde septiembre de 2016 a la actualidad, se han ido de Cataluña 67 magistrados o, como ya publicó LA RAZÓN, el Consejo General del Poder Judicial estudia pagar un complemento salarial a los jueces dispuestos a trasladarse en la región. La defensa de los independentistas presos intentó recusar a los magistrados de la Sala de lo Penal, pero el TS lo rechazó por unanimidad. Este hecho no debería caer en el olvido para quienes insisten en presionar al tribunal. Su argumento fue claro: «Buscar tan solo empañar la honorabilidad de la justicia española».