Las víctimas frente a Santi Potros

El asesino en serie Santiago Arróspide Sarasola, alías «Santi Potros», abandonó ayer la cárcel de Topas (Salamanca) tras cumplir treinta y un años de prisión. Nada cabe argüir ante un hecho que se ajusta a lo establecido por el Código Penal vigente y los reglamentos penitenciarios, sólo elevar los pensamientos de los hombres y mujeres de buena voluntad hacia las familias y los amigos de las 40 víctimas directas de este criminal y, también, hacia las de todos aquellos que murieron a manos de la banda etarra, de la que «Potros» fue uno de sus principales jefes. Pero, ciertamente, la puesta en libertad de este terrorista muestra las carencias de una legislación demasiado permisiva con esta clase de asesinos de masas –con once condenas firmes que ascendían a 3.000 de prisión– que ni se arrepienten ni tratan de reparar en lo posible el daño causado y que ni siquiera se prestan a colaborar con la Justicia para esclarecer los tres centenares de crímenes que aún permanecen sin autor conocido. El caso de «Potros», al que cuadrarían perfectamente las previsiones de la Prisión Permanente Revisable, es especialmente sangrante para sus víctimas y para el conjunto de la sociedad española, no sólo por la crueldad y la frialdad con la que perpetró y ordenó los atentados, sino porque fue uno de los etarras que se beneficiaron de la amnistía general de 1977 y que, luego, conformaron el núcleo más sangriento de la banda. Con todo, la cuestión fundamental no es tanto la inevitable puesta en libertad de los terroristas que ven cumplidas sus penas como la manipulación de la reciente historia de España por parte de los mismos sectores políticos y sociales que participaron, respaldaron o justificaron la homicida actividad de la banda, muchos de los cuales se sientan hoy en las instituciones democráticas, y que tratan de construir un relato que ponga en plano de igualdad a las víctimas y sus verdugos. En este sentido, hay que rechazar el cambio en la política penitenciaria que propone el actual Gobierno socialistas para los presos de ETA, no por un rigorismo justiciero, sino, precisamente, para no alimentar ese relato, concediendo privilegios a los que los terroristas no son acreedores. Sólo desde el arrepentimiento individual, contrastado en los hechos, se pueden alterar las condiciones carcelarias. Hay que insistir en la verdad de lo ocurrido, que es la única forma de defender la dignidad de las víctimas y de ensalzar la victoria de la sociedad española sobre quienes querían destruir su democracia y romper la unidad de la nación, porque, ante la menor concesión, se dan alas a las mentiras del nacionalismo vasco. Ocurre, sin ir más lejos, con la pretendida «ley vasca de víctimas de abusos policiales», cuyo recurso ante los jueces ha retirado el Gobierno de Pedro Sánchez, que no deja de ser una muestra de cinismo político. Lo mismo reza de la pasividad de las autoridades ante los homenajes que los filoetarras hacen a los criminales excarcelados, que sólo pueden calificarse de vergonzoso enaltecimiento del terrorismo y que, en consecuencia, están penados por la Ley. Ayer, en Vitoria, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, mantuvo la misma posición de rechazo al acercamiento de presos y de apoyo a las víctimas que expresó en su reunión con Pedro Sánchez. Es la única postura que un demócrata puede adoptar ante quienes tratan de cambiar la historia y no renuncian a los mismos fines que perseguía el terrorismo. Son los mismos de siempre. Los que increparon al líder popular, que sólo entienden la vida desde la imposición de sus ideas.