Rajoy, en defensa de la política

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tuvo el acierto ayer, en Almería, de circunscribir los casos de corrupción que afectan a la política española a su exacta medida, sin dar carta de naturaleza a la sobreactuación partidaria en la que suelen caer los adversarios políticos cuando se trata de desgastar al contrario. Un espectáculo poco edificante que, además, contribuye muy poco al objetivo deseado: la lucha por erradicar comportamientos deshonestos en el seno de las administraciones públicas y de las instituciones. Esto no quiere decir que el presidente del Gobierno eludiera el incómodo asunto de las acusaciones de corrupción que pesan sobre el ex tesorero y ex senador del PP Luis Bárcenas, hoy alejado del partido y sin militancia. Rajoy fue muy claro en ese asunto, sin querer poner por delante su impecable trayectoria personal, avalando la gestión de los últimos tres secretarios generales. Una postura que demuestra la convicción del presidente del Gobierno de que las insidias de unos desaprensivos no pueden marcar el paso a los demás. El asunto está en manos de la Justicia, que fue quien destapó las cuentas suizas del ex tesorero, y deben ser los jueces quienes imputen supuestas complicidades. De producirse, Rajoy ya ha advertido de que si alguna vez tiene conocimiento de irregularidades o conductas impropias no le temblará la mano «porque sé que es una de mis responsabilidades». Y, a partir de ahí, articuló su discurso ante los ediles populares, presentes en la XX Conferencia Intermunicipal del partido, con dos «ideas fuerza» que sería muy deseable que calaran en la atribulada ciudadanía: la primera, que en un momento de crisis como la actual, cuando se exigen mayores esfuerzos a todos, los representantes políticos están obligados a la ejemplaridad de sus conductas; la segunda, que no se debe aceptar que se diga que en política todo es sucio, porque no es cierto y además es injusto. Una convicción que el presidente del Gobierno sostuvo en el ejemplo de los miles de concejales de toda España y de todas las formaciones políticas que trabajan con intensidad y, en muchos casos, no reciben remuneración alguna. Reivindicación debida de la política más próxima al ciudadano, que es la que se ejerce con sencillez desde los ayuntamientos y las diputaciones. Por ello, conviene no perder de vista lo fundamental, por más que el ruido mediático desenfoque la actualidad. Porque, ayer, en Almería, se sentaron las bases de la gran reforma de las administraciones locales que prepara el Gobierno, cuyo anteproyecto se conocerá antes de que termine el mes. Es una propuesta muy ambiciosa, que debe racionalizar la gestión municipal, evitando la duplicidad de competencias, y que supondrá una auténtica revolución.