Sánchez, obligado a ir a elecciones

Es un hecho que, ayer, Madrid fue el escenario de una de las mayores manifestaciones habidas en los últimos años, perfectamente equiparable a la que en 2005 rechazó las negociaciones con la banda terrorista etarra, y, por supuesto, mucho más multitudinaria que la mayoría de las que ha convocado la izquierda. El éxito de la concentración, preparada en menos de una semana, demuestra la preocupación que embarga a buena parte de la sociedad española ante la deriva entreguista de Pedro Sánchez frente al desafío separatista catalán. Una preocupación que es trasversal a las ideologías, pero que ha sido canalizada por la oposición, pese a que en el mismo seno del partido que sostiene al Gobierno son legión las voces que reclaman una clara rectificación de la estrategia de pactos y un posicionamiento inequívoco constitucional. Ayer, pues, en la plaza de Colón y en las abarrotadas calles y avenidas confluyentes, entre un auténtico mar de banderas rojigualdas, vimos la expresión genuina del rechazo al Gobierno, justificada por la única razón capaz de aunar tantas voluntades dispersas: la defensa de la unidad de España. Que la izquierda radical es plenamente consciente de esta realidad se demuestra con su insólito intento de menospreciar el éxito de participación de la protesta, con la divulgación de unas consignas enmarcadas en la más pedestre tradición de las campañas de agitación y propaganda comunistas. Sin embargo, haría mal el presidente del Gobierno si no interpretara correctamente, como han hecho algunos de los militantes socialistas más respetados, el significado de la concentración madrileña. Porque, es evidente, que detrás de esa demanda de elecciones, de ese rechazo a cualquier negociación con los enemigos de la unidad de la Nación, hay una traducción en votos, que, por encima de la discusión de los números, es lo que cuenta. En efecto, la sociedad española, como recogen todas las encuestas, no va a transigir con la dejación del principio de la soberanía nacional que subyace en las negociaciones que mantiene el Gobierno con los mismos que trataron de dar un golpe contra la Constitución y que, ahora, buscan una salida acordada, irreal, por supuesto, para aquellos políticos secesionistas que enfrentan graves responsabilidades penales. Son los mismos partidos separatistas que impulsan las campañas de descrédito más viles contra nuestra democracia y contra la legitimidad de las instituciones que se han dado libremente los españoles. Los mismos que denigran a los jueces y pretenden que no existe ni la independencia judicial ni la separación de poderes. Pero es que, además, no hay nada de lo que interesa de verdad a los nacionalistas que Pedro Sánchez pueda ofrecer en una mesa de negociaciones, al menos, dentro del marco constitucional. El problema es que la relación de dependencia mutua, ciertamente perversa, que mantiene el Gobierno con los partidos que le auparon al poder, está causando un grave desgaste institucional al Estado. Por último, conviene destacar la impecable actitud de los líderes de los tres partidos convocantes, PP, Ciudadanos y VOX, que en ningún momento trataron de capitalizar partidariamente el éxito de la concentración. Notable en el caso del presidente de los populares, Pablo Casado, cuya formación llevó el peso organizativo y de convocatoria de la manifestación y que reunió en Madrid a todos los dirigentes regionales del partido. Ahora le toca al presidente del Gobierno aceptar que la sociedad española demanda mayoritariamente su derecho a ir a las urnas.