Sánchez se hipoteca con la demagogia

Es imposible no reparar en el oportunismo político, demagogo en el exacto sentido del término, que entraña la corrección gubernamental de la resolución del Tribunal Supremo sobre el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Ciertamente, el enfado ciudadano por una decisión judicial que consolida la impresión popular de que «la banca siempre gana», aderezado, además, por el insólito y desconcertante cisma de los magistrados, que había dado pábulo a las teorías conspiratorias más variopintas, era un cebo demasiado goloso para que un Gobierno en precario, como el actual, dejara pasar la oportunidad populista, presentándose como brazo justiciero contra los «malvados banqueros». Sin embargo, lo hecho, la rectificación por decreto de una decisión judicial, sienta un preocupante precedente que no puede justificarse en la, en cierto modo, anómala actuación de la sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo ni en unos supuestos derechos de los ciudadanos, a quienes la legislación vigente venía imponiéndoles desde hace veinte años el pago de un impuesto ideado y gestado por el poder político. La cuestión jurisdiccional de quién es el sujeto pasivo en una operación hipotecaria, si el prestamista o el prestatario, cuestión sujeta a controversia, como ha denunciado el propio presidente del Alto Tribunal, Carlos Lesmes, por su confusa plasmación en el corpus legal, no debería dirimirse a golpe de BOE, sino aprovechando la obligada reforma de la Ley Hipotecaria, aún pendiente de aprobación en el Congreso. Es, pues, la vía del Legislativo a la que hay que apelar y no al recurso ejecutivo del decreto. Pero es que, además, la actuación de Pedro Sánchez no va a traer las bondades que pregona, puesto que, y no sabemos si es un rasgo de ingenuidad o de cinismo, las entidades de crédito tratarán de aminorar en lo que puedan, y pueden mucho, las pérdidas en su cuenta de resultados. Tampoco restituye el supuesto daño causado a los clientes hipotecarios, ya que no se impone la norma con retroactividad, y, finalmente, abona las denuncias sobre la creciente inseguridad jurídica que provocan los actos de la Administración. Incluso podríamos añadir un argumento más, basado tanto en la experiencia de la política como en el principio de precaución: si los impuestos a las transacciones hipotecarias recaen exclusivamente sobre los bancos, es decir, sobre esos malvados seres, epítomes del capitalismo feroz, se abre la puerta a una subida general de la fiscalidad, tan cara a la izquierda y, sobre todo, cubierta ante la opinión pública por el feliz «que paguen los bancos», que es el caballo de batalla populista por antonomasia. Con todo, lo peor que oculta esta cortina de humo es que se escamotea el verdadero debate, el de por qué España es el país de nuestro entorno donde con más impuestos se grava al mercado hipotecario. La cuestión de por qué, en una sociedad que elige preferentemente adquirir la vivienda habitual en propiedad, como la gran, y muchas veces única, inversión de toda una vida, los poderes públicos se convierten en comensales privilegiados. En España, los gravámenes para una operación hipotecaria tipo de 200.000 euros suponen 2.800 euros de media, frente a los 500 de Italia o los 250 de Francia, y en los tres paga el cliente. En Reino Unido, Países Bajos y Alemania no se paga nada. Este es, insistimos, el debate que es preciso abordar si de verdad se quiere proteger a los ciudadanos y facilitar a las jóvenes generaciones el acceso a una vivienda propia. Gustará más o menos, pero uno de los factores que determinan la riqueza de un país, su proyección internacional y la calidad de sus servicios sociales es una banca potente, rentable y capaz de atraer a millones de pequeños accionistas. Lo demás es oportunismo.