Subida inasumible

Hace diez años, el coste de la luz en España estaba por debajo de la media europea. Pero a partir del 1 de enero de 2014, si el Ministerio de Industria no consigue revertir el anómalo resultado de la última subasta eléctrica, nuestro país presentará la tarifa energética más alta de la UE, por encima, incluso, de una isla como Chipre, con graves efectos para la competitividad industrial y una nueva carga sobre los hogares. Se trata, pues, de una subida inasumible, consecuencia de los errores estratégicos cometidos en las dos últimas legislaturas, que han dejado un déficit de tarifa acumulado cercano a los 30.000 millones de euros. Un déficit que, por un lado, es injusto atribuir a unas compañías eléctricas que operan en uno de los mercados más regulados de Europa, y que, por otro, está estrechamente comprometido por acuerdos comerciales y financieros que dejan muy poco margen a la actuación del actual Gobierno. Un círculo vicioso del que, sin embargo, es preciso salir cuanto antes. En España, el recibo de la luz se calcula a partir de dos componentes principales: los precios de la generación eléctrica, sometidos a las fluctuaciones habituales del mercado, y los peajes impuestos por el órgano regulador. Es decir, casi la mitad de la factura se dedica a pagar conceptos ajenos al coste real de la producción eléctrica y su distribución, que siguen estando por debajo de los precios que se pagan en Europa. Así, la parte regulada incluye los gastos compensatorios de la «moratoria nuclear» decidida en el primer Gobierno de Felipe González, las primas al carbón nacional, las primas a las energías renovables y la financiación de los intereses del déficit de tarifa acumulados en 10 años de errores. Si en 2003, tras la intervención de los gobiernos de José María Aznar, el déficit se había reducido a 178 millones de euros; en 2005, fue de 4.008 millones, y en 2010, de 5.554 millones. Un total acumulado, como señalábamos antes, de casi 30.000 millones de euros que es inevitable financiar. Detrás de este enorme agujero se encuentra la apuesta por las energías renovables, mucho más caras e ineficientes que las convencionales, y cuyas primas suponen casi 9.000 millones de euros anuales, que los responsables de la política energética socialista no quisieron trasladar al recibo de la luz, cargándolos al déficit público. Con un problema añadido de carácter jurídico: que las primas y la alta rentabilidad de las renovables fueron legalmente garantizadas a los inversores, muchos de ellos extranjeros. Es imprescindible pinchar la «burbuja energética» de las llamadas «fuentes limpias» o, en su caso, asumir el coste real de producción, vía tarifa. Todo, menos seguir engordando una deuda pública que tiene entrampados a los españoles, por lo menos, hasta el año 2029.