Un fiscal inmune a la intoxicación política

La posición de la Fiscalía de Bruselas, favorable a ejecutar las órdenes de entrega a la Justicia española del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros, es una buena noticia por cuanto demuestra que la campaña de intoxicación desarrollada por los fugitivos en los medios internacionales no ha conseguido quebrar el principio de buena fe procesal que rige entre los países que integran la Unión Europea. Más allá de la tipificación que pueda aplicar el fiscal belga a los delitos por los que son reclamados Puigdemont y sus colaboradores, lo importante es que no sólo se dan por ciertos los hechos que originan la reclamación de la juez Carmen Lamela, sino que la Fiscalía advierte de que la regla general en las relaciones judiciales entre los países europeos es el cumplimiento de las órdenes de entrega y no su denegación. Es decir, que prima la legitimidad de las instituciones nacionales de Justicia, a las que se considera depositarias y garantes de los derechos jurídicos de los ciudadanos, frente a las alegaciones de indefensión de cualquier tipo de quienes son objeto de una reclamación de entrega. Toca ahora al juez examinar las alegaciones de los ex miembros de la Generalitat, pero la posición fiscal deja pocas salidas «políticas» a los huidos. Su actuación es delito en España y, por supuesto, lo sería en Bélgica y en cualquier parte del mundo.