Un techo de gasto que asegura la estabilidad de la legislatura

Con la aprobación del techo de gasto, o límite máximo de compromisos que puede abordar el Estado durante un ejercicio, se da el primer paso para los Presupuestos Generales de 2018, con lo que Mariano Rajoy aseguraría la continuidad de la legislatura y la estabilidad política. Esta es una cuestión capital, precisamente cuando los datos económicos apuntan a la recuperación. Hasta 2012 el techo de gasto sólo se aplicaba a la Administración central, pero desde ese año la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria lo amplió al resto. Para fijar el techo de gasto aprobado ayer en un Consejo de Ministros extraordinario –ya que no es responsabilidad del Parlamento–, uno de los datos que se tienen en cuenta es el objetivo de déficit público. Para el próximo ejercicio está previsto en el 2,2%, según los datos del cuadro macro que aprobó el Gobierno y remitió a Bruselas. En total, el techo asciende a 119.834 millones de euros y sube el 1,3 % respecto al límite de gasto no financiero de 2017, según anunció el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro. El techo de gasto se incluye en el acuerdo de Gobierno que contempla los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el trienio 2018-2020, que se someterá a aprobación del Congreso la próxima semana. Y un dato a tener en cuenta: la tasa de paro bajó en mayo al 17,7% desde el 20,2% del año anterior, lo que supone reducir la cifra de desempleados por debajo de los cuatro millones por primera vez desde febrero de 2009. El cálculo del techo de gasto parte de un principio básico que define la política que quiere seguir el Gobierno: una vez estimados los ingresos del ejercicio, se calcula el gasto presupuestario que permite el cumplimiento del objetivo de estabilidad. Si no se recauda, no se puede gastar. Esta es la ecuación de la que parte Ciudadanos para votar a favor: la revisión al alza del crecimiento económico del 2,7 al 3% para este año, unida a una evolución mejor de lo esperado de la recaudación, deja 2.100 millones de margen para bajadas puntuales del impuesto sobre la renta. Por su parte, Montoro está dispuesto a estudiar la propuesta de Cs y confía –y, por pura aritmética parlamentaria, debe– llegar a un acuerdo con la formación de Albert Rivera. Aunque, de momento, el ministro de Hacienda no ha concretado si la rebaja de impuestos puede ascender a los 2.000 millones que pide Cs, sí ha dejado claro que existe margen para la reforma del IRPF. Por contra, el PSOE basa su negativa a votar el techo de gasto en el pleno del próximo día 11 de julio en que «penaliza gravemente» a las comunidades autónomas en la distribución del déficit que el Gobierno les ha asignado. Es difícilmente comprensible que el pasado mes de diciembre los presidentes autonómicos socialistas se abstuviesen en la votación del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se aprobó el techo de gasto para 2017 y que votasen a favor en el Congreso los diputados socialistas, como así propuso la comisión gestora, y ahora anuncie el «no», incluso con unas perspectivas mejores para el gasto. Podemos no sale de su círculo táctico y no quiso –o supo– entrar en cómo ampliar el techo de gasto y prefirió presionar al PSOE, su obsesión –dice que no le gusta el «no» de los socialistas– y pedirles que el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, permita que salga adelante con una abstención o un voto afirmativo.