Una ley para no indultar al golpismo

Que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, la segunda autoridad del Ejecutivo, se pronuncie sobre una cuestión que compete al Poder Judicial, como es el mantenimiento, o no, de una prisión preventiva, dentro, por supuesto, de los plazos que marca la Ley, no es un asunto menor, puesto que podría interpretarse como un acto de presión del poder político sobre los magistrados del Tribunal Supremo que instruyen la causa contra el intento de golpe de Estado en Cataluña. Si a la intervención de la vicepresidente le añadimos las supuestas ofertas de indulto a los encausados hechas por la delegada gubernamental en el Principado, Teresa Cunillera, y la justificación, por razones humanitarias, que ha hecho de la misma el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, parece lógica la sospecha que albergan muchos ciudadanos de que el Gobierno de Pedro Sánchez, que depende de los votos de los nacionalistas en el Congreso, está enviando un mensaje, cuando menos equívoco, al separatismo catalán.

Un mensaje apaciguador que, por el momento, no está siendo correspondido por los dirigentes de la Generalitat de Cataluña, comenzando por su presidente, Quim Torra, quien ayer mismo daba por concluida la fase de restitución de las instituciones catalanas y anunciaba la reedición del proceso constituyente. Antes estas circunstancias, agravadas por la proximidad del primer aniversario del referéndum independentista, lo menos que necesitan los jueces y magistrados encargados de restablecer la legalidad conculcada es el ruido de fondo, plagado de disonancias, de un Gobierno, que parece incapaz de hablar con una sola voz, incluso en un asunto tan determinante para la sociedad española como es el desafío del proceso secesionista. De ahí que sea conveniente, aunque sólo sea en aras de la claridad y la firmeza que exige la defensa de la Constitución y la unidad de España, que los socialistas abandonen su calculada obstrucción en la Comisión de Justicia del Parlamento, con la que impiden la reforma legal sobre la concesión de indultos.

Es más, tienen una oportunidad excelente a partir del próximo martes, cuando el Partido Popular, tal y como ha anunciado su presidente, Pablo Casado, va a llevar a la mesa del Congreso la propuesta de ampliar a los condenados por delitos de rebelión y de sedición la imposibilidad de acogerse a medias de gracia excepcionales y discrecionales, como es el indulto gubernativo. La maniobra obstruccionista del PSOE, que busca ganar tiempo para no tener que pronunciarse antes de que se sustancien los juicios a los golpistas catalanes, sólo da alas a unos partidos separatistas, atentos a aprovechar cualquier resquicio en el bloque constitucionalista.

Que los representantes del nacionalismo, tanto en la Generalitat como en el Parlamento nacional, insistan en la insidia de que en España no existe la separación de poderes y que el Gobierno puede condicionar un proceso judicial, está dentro de los parámetros delirantes que hemos conocido de los políticos independentistas, pero contribuyen a mantener la inestabilidad en Cataluña, creando falsas expectativas que, al desvanecerse, sólo aumentan la frustración de una parte de la ciudadanía. Sabe el Gobierno que cualquier negociación con sus socios de la moción de censura debe mantenerse en los márgenes perfectamente delimitados del marco jurídico y político que establece la Constitución. Lo demás, incluidos los cantos de sirena de su vicepresidenta, sólo es ganar tiempo, y no demasiado.