Instrumentalización política del secreto

El Gobierno levantará el secreto oficial de ciertos documentos de la operación Kitchen sobre el supuesto uso de fondos reservados para intervenir documentación de Luis Bárcenas. Se los entregará al juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, que instruye la operación Tándem por la que envió a prisión al ex comisario José Manuel Villarejo al que sitúa en el centro de la trama. Supuestamente, sólo el magistrado tendrá acceso a la información, pero por desgracia ha habido demasiados casos de filtraciones en procedimientos judiciales como para creer que nada saldrá a la luz en esta ocasión.

En realidad, y más allá del resultado final de la instrucción y las responsabilidades que pudieran derivarse siempre con respeto a la presunción de inocencia, esta declasificación exprés de material reservado por parte del Ejecutivo sobre una causa que afecta de una forma u otra al Partido Popular establece un más que preocupante precedente sobre el manejo político de información reservada para perjudicar al adversario, en este caso al PP.

Custodiar el secreto oficial es uno de los deberes capitales de las instituciones del Estado, principalmente del poder ejecutivo –como lo entiende con los viajes en Falcon del presidente–, y su quebranto inopinado con intencionalidad flagrante es un acto impropio y trapacero.