Economía para septiembre: Notarios y «okupas»

Una amiga, propietaria de una vivienda en la que han entrado gente sin hogar, «okupas», se siente indefensa ante el atropello y se pregunta por qué sucede esto. «Se compra una vivienda –dice–, hay que pagar a un notario que certifica su propiedad y, sin embargo, cuando sufres una ''okupación'', los papeles del notario no sirven para nada, no puedes echarlos de tu casa»...

La llamada «okupación» es una variante moderna de un fenómeno muy antiguo y legal que es apropiarse de algo que no es de nadie en concreto mediante el procedimiento de instalarse allí y quedarse. Este fenómeno ha sido reconocido en el derecho desde hace siglos: se trata, de hecho, de uno de los métodos para acceder a la propiedad legítima. En los tiempos modernos se presenta bajo dos características diferentes. Por un lado, los asentamientos donde viven personas en suelo de propiedad: es el caso de los poblados que hay en las zonas suburbanas en muchos países del mundo. Suelen evolucionar desde una situación ilegal, o más bien alegal (lo que hacen no está regulado pero tampoco está prohibido), a una situación de legalización. Esta última se produce bien porque son expulsados de esas zonas o porque se les concede un derecho de propiedad sobre la vivienda o el suelo que están ocupando.

Ahora bien, la llamada «okupación» es algo que parece similar pero que en realidad es diferente, porque no pretende ante todo conseguir la propiedad privada sino aglutinar un movimiento social con objetivos políticos, generalmente llamado a la vivienda o a la vivienda social.

Estas ideas provocan la violación de derechos de terceros, a los que el Estado obliga a pagar. Dos aspectos son interesantes de este movimiento. El primero, el abierto respaldo que reciben por parte de la izquierda y otras formaciones políticas.

Y, el segundo aspecto, la relativa suavidad con que son tratados en muchos países por las autoridades, los legisladores, los jueces y la Policía. En efecto, los «okupas» pueden, en muchos casos, violar la propiedad privada y la pública sin que las Administraciones actúen de inmediato para proteger esas propiedades y castigar a los infractores. La explicación puede que pase por la mencionada simpatía política e incluso de sectores sociales que suscitan los «okupas». Esa benevolencia se produce quizá también porque en la sociedad moderna, el respeto a la propiedad ha sido muchas veces cuestionado y matizado por una prolija legislación. Esta legislación permite que las autoridades condicionen y limiten ese derecho según les convenga. ¿Por qué?, para conseguir diversos objetivos considerados equivalentes o incluso más importantes que la protección de la propiedad de los ciudadanos.

*Periodista de Onda Cero