El Gobierno sigue sin aval científico en la peor semana tras el estado de alarma

Al gobierno de España se le ha roto el vestido por la costura que más le podría doler: la de los científicos. El partido político que llevó a las últimas elecciones una propuesta sin precedentes de aumento de la inversión en investigación, el que recuperó el Ministerio de Ciencia para un fichaje cósmico y se ha jactado durante cada una de sus intervenciones en tiempo de pandemia de «regirse por lo que dictan los expertos», en una sola semana ha visto cómo se hundía el barco de la credibilidad. Es cierto que la prometida inversión en I+D+i ha quedado en una propuesta de financiación para dos años, que es menor incluso que el presupuesto de una sola universidad americana en un año, y que el Ministerio de Ciencia es ya un ministerio a la fuga tras una legislatura sin sustancia. Pero en los últimos siete días el aparato científico del Ejecutivo se ha venido abajo como un castillo de naipes con dos golpes de gracia certeros y repentinos. Primero, la constatación de que el supuesto comité de expertos para desescalada no era tal. Segundo, la demoledora carta de 21 científicos de gran prestigio patrio (estos sí, reales) a la revista «The Lancet», sosteniendo la necesidad de que se realice en España una auditoría externa e independiente para evaluar la actuación de las administraciones durante la crisis Covid. 21 expertos en salud pública, entre los que se encuentran investigadores, profesores, gestores y epidemiólogos de solvencia internacional y que trabajan en lo más granado de nuestras instituciones ( ISGlobal, la Agència de Salut Pública de Barcelona, la escuela de Salud Pública de la John Hopkins de Baltimore, la Escuela Andaluza de Salud Pública, las universidades de Santiago de Compostela, Rovira i Virgili, Valencia, Alicante, Gran Canaria , Singapur y Oxford, la London School de Higiene y Medicina Tropical, y el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa…), han decido dar un paso adelante y denunciar lo que por otro lado era un secreto a voces: España es uno de los países del mundo donde peor se ha gestionado la pandemia.

Exceso de mortalidad

La carta duele tanto por las afirmaciones como por lo que sugiere su lectura entre líneas. Nadie puede decir que lo que se afirma en ella haya pillado por sorpresa. Que España se encuentra entre los países donde la pandemia ha causado más estragos (en algunas ratios, directamente el peor), que el exceso de mortalidad durante este periodo (más de 44.000 víctimas) nos coloca en el Top 3 de las naciones con más muertos por 100.000 habitantes y que no es fácil de entender estos datos en un Estado que se jacta de disfrutar de uno de los sistemas públicos de salud más saneados. No lo dice la oposición enfurecida, ni los «cayetanos» por la calle, ni la prensa antigubernamental… Lo dicen nombres de un apabullante currículum y una exquisita discreción que no han tenido más remedio que alzar la voz ante las carencias repetidas de la actuación del Ejecutivo.

Cada una de las lagunas que la carta desgrana se llevan advirtiendo (desde este periódico, por ejemplo) desde hace meses. Hay un puñado de acciones reclamadas desde marzo al Gobierno que, entrado ya agosto, aún no terminan de haberse llevado a buen término.

La limitada capacidad de realización de test PCR sigue siendo incomprensiblemente nuestro mayor punto débil. Desde la primera semana de estado de alarma, científicos como Oriol Mitjá y expertos de todo el mundo insistieron hasta la extenuación en pedir test, test y más test. La OMS pedía test, la Johns Hopkins pedía test, muchos ayuntamientos pedían test… Pero el Gobierno insistió en lanzar el mensaje de que los test deben realizarse con prudencia desde las tribunas de Fernando Simón y el ministro Illa. El resultado es que hoy nos enfrentamos a un rebrote encarnizado sin tener hechos los deberes. La última recopilación de datos de contagios diarios es demoledora. España no solo registra más del doble de contagios que países como Francia, Italia o Alemania (dato actualizado a 7 de agosto) sino que la ratio de datos positivos duplica e incluso triplica a la de nuestros vecinos. Esta ratio define el número de positivos detectados por cada 100 pruebas realizadas. Cuanto mayor es el número, peor es el sistema de detección (se supone que lo ideal es que haya un número muy grande de negativos detectados por cada positivo porque eso indica que se está rastreando a una gran cantidad de población). La ratio española es de entre el 3 y 6 por 100 mientras la alemana es de menos del 1 por 100.

La carta de «The Lancet» abunda en otras carencias que algunos llevamos meses señalando. Es clarísima al denunciar «la tardía respuesta de las autoridades». Por mucho que el Gobierno se haya empeñado en transmitir lo contrario, España no actuó a tiempo, en opinión de los epidemiólogos y epidemiólogas más eminentes del país. Lo dicen no una, sino dos veces. «Entre las potenciales explicaciones de nuestro caso se encuentran la tardía reacción y la lentitud en la toma de decisiones».

Esta semana, mientras cabalgamos de nuevo sobre las peores cifras de contagios desde el desconfinamiento, el Gobierno sigue dando muestras de lentitud. Las decisiones más peliagudas (confinamientos selectivos, cambios de fase o regímenes especiales de horarios de servicios) las toman las comunidades autónomas o los municipios mientras Fernando Simón (preguntado una y otra vez por las medidas) parece anclado en la respuesta oficial de «hay que valorar bien los datos, tenemos que ser prudentes». Ese es otro de los defectos esgrimidos en «The Lancet»: «Pobre coordinación entre el gobierno central y las autoridades locales».

Ni expertos ni consejeros

A día de hoy la utilización de tecnologías de rastreo via app sigue siendo un «work in progress», aplicado parcialmente en algunas zonas de España, tras una prueba piloto en la Gomera, limitada por las barreras de la Ley de Protección de datos y sin soporte en una red de atención primaria sólida. La app llega tarde (meses después de que otros países la estén poniendo en marcha), mientras de nuevo Fernando Simón ha pedido cautela en su implantación. No servirá de mucho a este paso.

Pero de todas las verdades largamente conocidas que la carta de «The Lancet» ilustra, posiblemente la frase más dolorosa para Pedro Sánchez puede ser esta: «Poco soporte en el consejo científico». Con solo 6 palabras, cinco en inglés («low reliance on scientific advice»), los autores se cargan de un plumazo la tesis de que el Gobierno ha actuado siempre conforme a los dictados de los expertos. Los expertos no se sienten escuchados, los consejeros no han aconsejado. ¿Quién ha dictado entonces nuestros destinos?

Los científicos autores del terremoto parecen sentirse obligados a templar los ánimos. Acusan por igual de descoordinación al gobierno central y a los autonómicos y dejan caer una frase que parece buscar culpas en el pasado (los problemas se han visto agravados por los efectos de décadas de austeridad que han desmantelado los recursos de personal sanitario…). Curiosamente, mientras la carta muestra referencias y datos a pie de página sobre algunas de sus manifestaciones (la situación de nuestro sistema sanitario en el mundo, la mortalidad en España o el índice de calidad del sistema en nuestro país vienen ilustrados por referencias externas) sobre la supuesta descomposición presupuestaria de la sanidad pública en «décadas» prefiere no aportar datos concretos.

Puede que sea una débil tabla de salvación, el flotador compasivo que se lanza al ahogado para que se agarre a él con los dientes. Los científicos no piden responsabilidades, no buscan «culpables» en el Gobierno y dejan la puerta entreabierta a escudarse en errores pasados. No quieren hacer sangre, simplemente le dan la espalda al Ejecutivo escandalosamente en la peor semana de pandemia después de derogado el estado de alarma. El ministro de Sanidad no es científico, pero Fernando Simón sí lo es. ¿Está ahora más solo que nunca?

El imposible ejemplo sueco

Los expertos firmantes sugieren que en España se active una auditoría a cargo de un grupo independiente y objetivo que analice el papel de las autoridades durante el desastre. Y proponen algunos espejos en los que mirarnos. El más evidente, el caso sueco. Con un número de contagiados decenas de veces menor que el nuestro pero sensiblemente mayor que los países de su entorno como Finlandia o Noruega, el gobierno de Suecia, impulsado por la oposición, ha puesto en marcha una comisión de investigación que tiene como función «evaluar la gestión llevada a cabo por el Gobierno, las autoridades administrativas y las regiones y municipalidades durante la pandemia. Y determinar las responsabilidades concretas a cualquier nivel». La comisión está dirigida por un prestigioso abogado, Mats Melin y tiene como objetivo elaborar un informe transparente que debe publicarse antes de las próximas elecciones generales de 2021. ¿Podría ocurrir algo parecido en España? ¿Podemos esperar que un cuerpo de expertos elabore un informe transparente que pudiera ser emitido incluso en periodo electoral sobre los errores que nos han conducido a tener los peores datos de Covid en Europa?