Los ginecólogos, ante la amenaza de criminalizar su labor

Según las previsiones de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en diciembre estará redactado el borrador de la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Este documento pretende abordar, entre otras cuestiones, la violencia obstétrica. Tanto la acuñación del término en sí como su inminente tipificación como delito de violencia de género son cuestiones que aplauden algunos colectivos mientras otros manifiestan su rechazo y preocupación.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) utilizó por primera vez el término «violencia obstétrica» en un informe publicado en julio de 2019. En él, se define este problema como «la violencia sufrida por las mujeres durante la atención del parto en los centros de salud» y establece que este «maltrato, falta de respeto, abuso o violencia contra la mujer» son un fenómeno «generalizado, sistemático, invisible y arraigado en los sistemas de salud». El informe de la OMS analiza las causas y las consecuencias de la violencia obstétrica, y urge a establecer medidas de «control de calidad» en los centros sanitarios para evitarlo.

Sin embargo, el hecho de considerar que los profesionales que atienden a la mujer durante el embarazo o el parto pudieran hacer un uso intencional de la fuerza física contra su paciente confiriéndole daño psicológico o físico, ha generado crispación entre los máximos órganos de representación de estos profesionales.

Es el caso de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) y del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom). Estos garantizan la inexistencia de actos violentos en la atención a las pacientes y aseguran que este concepto «criminaliza las actuaciones de profesionales que trabajan bajo los principios del rigor científico y la ética médica». El Cgcom lamenta que se estén creando alarmas sociales innecesarias que «puedan contribuir a deteriorar la necesaria confianza entre el médico y su paciente; rigor para denominar las prácticas profesionales y respeto para los especialistas que trabajan con entrega, servicio, humanidad y ética».

Un alto número de ginecólogos, enfermeras, matronas y celadores prefieren hacer autocrítica. Es el caso de la Sociedad Catalana de Obstetricia y Ginecología y el Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña. Defienden que negar la existencia de violencia obstétrica en los paritorios o considerarla mala praxis es vivir fuera de la realidad.

No es la mala praxis

La ginecóloga Miriam Al Adib Mendiri explica que bajo este concepto no se incluye la realización de prácticas quirúrgicas como la cesárea y la episiotomía sin estar justificadas por necesidad médica o la maniobra de «Kristeller», lo cual sería constitutivo de mala praxis. La especialista subraya que el término violencia obstétrica hace alusión «al trato deshumanizado, la humillación, la agresión verbal, los procedimientos médicos coercitivos o no consentidos, la falta de confidencialidad, el hecho de no obtener el consentimiento informado, la negativa a suministrar medicación contra el dolor o la medicalización innecesaria».

La especialista hace hincapié en que el debate se está centrando demasiado en la terminología, lo que puede provocar que no vayamos al fondo de la cuestión. «Esta violencia puede manifestarse de forma muy sutil o simbólica, tanto, que muchas veces, quien la provoca no es consciente de ello. Por lo que, deberíamos valorar qué está pasando para que haya tantísimas denuncias o testimonios de mujeres que dicen haber sido objeto de estas prácticas. No es una cuestión baladí», apunta.

De la misma opinión es el matrón y abogado Juan Miguel Martínez Galiano. Sostiene su posición sobre las conclusiones de un estudio observacional del cual es autor y que incluyó a 899 mujeres que habían dado a luz en los últimos 12 meses. Este documento evidencia que el 67,4% (606) de las mujeres perciben haber sufrido violencia obstétrica durante el parto: 25,1% (226) verbal, 54,5% (490) física y 36,7% (330) psicoafectiva.

«Estos resultados ponen de manifiesto que dos de cada tres mujeres perciben una situación de trato inadecuado durante el parto. Principalmente, tienen esa percepción aquellas mujeres que habían planeado un tipo de parto, lo habían recogido en el plan de parto y, finalmente, este no fue respetado (por diferentes motivos, incluido los criterios clínicos). También, las mujeres a las que se les practicó una cesárea urgente o aquellas a las que se les realizó una episiotomía», explica Juan Miguel Martínez.

Los profesionales implicados en la atención al parto consideran que este escenario y el hecho de que la violencia obstétrica haya entrado en la agenda política se traduce en un urgente aviso de que es necesario analizar en qué se puede mejorar. En su opinión, las líneas estratégicas de trabajo deberían ser: mejorar la comunicación bidireccional entre el profesional y la mujer que permita negociar, consensuar, justificar y explicar la necesidad de la actuación con respeto y sensibilidad; formar a los profesionales sanitarios en humanización de la asistencia; empoderar a la mujer con fuentes capacitadas e información rigurosa de lo que realmente es y conlleva el proceso de parto para que no lo idealice ni mitifique; y dotar al sistema de recursos necesarios, tanto humanos como materiales, para poder prestar una dedicación óptima a la mujer y que ella sea protagonista de su parto.

Los profesionales rechazan la decisión de tipificar la violencia obstétrica como delito, ya que consideran que sería contraproducente. «Penalizar la atención al parto puede generar una mayor práctica de la medicina defensiva, lo que haría caer en saco roto todo lo andado en el empoderamiento de la mujer en el parto y la humanización de la atención perinatal», comenta Juan Miguel Martínez.

De hecho, comenta que, según los estudios disponibles, la regularización normativa específica sobre el tema en aquellos países de la región de América Latina y el Caribe que han promulgado leyes que la tipifican como delito «no ha hecho que la incidencia de mujeres que perciben que han vivido una situación de violencia obstétrica durante su parto haya disminuido».

El abogado señala que esta medida tampoco podría recogerse dentro de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. «Esta ley actúa contra la violencia que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Por lo tanto, dado que la mayoría de los profesionales que asisten los partos son mujeres y, además, no ha existido relación de afectividad con la paciente, no tiene sentido», analiza. El profesional lamenta de forma contundente que «si se empieza a utilizar para otros asuntos que no son para los que verdaderamente se implementó, se podría desvirtuar una herramienta tan importante para la lucha contra la violencia de género».