El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha avisado del incremento del número de quejas recibidas de familias vulnerables, a menudo con menores de edad, afectadas por un desahucio judicial de su vivienda habitual y la falta de información sobre qué sucedería tras el desahucio o lanzamiento de sus viviendas.

En su 'Informe anual 2025', el Defensor del Pueblo ha recalcado que las 142 actuaciones realizadas en 2025 por esta institución en relación con estas quejas, frente a las 102 del año 2024 o las 60 del año 2023, reflejan la gravedad de la situación.

El Defensor del Pueblo ha asegurado que una de las principales quejas que trasladaron los ciudadanos afectados por un desahucio es el silencio por parte de la Administración y desconocimiento sobre lo que pasaría tras el lanzamiento de su vivienda, lo que genera en los afectados inseguridad e incertidumbre.

A menudo, los afectados trasladan lo que perciben como pasividad de los servicios sociales y que estos actuaban improvisando planes una vez surge el problema residencial.

Por ello, el Defensor del Pueblo ha pedido a las administraciones locales que tengan previstos dispositivos de alojamiento temporal, destinado a solventar emergencias en la fecha en la que tiene la certeza de que se va a ejecutar el desahucio.

Además, ha indicado que se debe trasladar a las personas afectadas esta información para que sepan que existen alternativas habitacionales planificadas y evitar en lo posible la incertidumbre y el desasosiego.

El Defensor del Pueblo ha asegurado que, en su papel de orientador de las familias que solicitan a las administraciones locales y autonómicas alternativas habitacionales y supervisor de que se atienden las necesidades urgentes de alojamiento, ha tenido que iniciar actuaciones con el ayuntamiento correspondiente ante la gravedad de la situación en algunos casos y la proximidad de la fecha programada del lanzamiento.

En esta línea, ha avisado de que las familias, tras el desahucio de su vivienda, deben solicitar prórrogas sucesivas de su estancia en los alojamientos residenciales que se le asignan de manera temporal para solventar una situación excepcional de emergencia.

Estos recursos temporales, recuerda el Defensor del Pueblo, tienen ciertas carencias y limitaciones habitacionales, pues la naturaleza para la que fueron creados no era la de ser la vivienda permanente de una familia.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo también ha puesto de manifiesto las quejas de algunos propietarios y arrendadores en relación tanto a su disconformidad con la moratoria antidesahucios, una regulación legal existente desde 2020 hasta el año 2025, y la demora en recibir las ayudas de compensación previstas para estos supuestos de suspensión judicial de desahucios y lanzamientos, cuyo plazo de resolución es de tres meses pero en algunos casos se alarga a más de un año.

En su informe, el Defensor del Pueblo ha vuelto a poner de relieve las enormes dificultades a que se enfrenta el ejercicio del derecho a la vivienda y la preocupación que le suscita que el problema se haya intensificado, como consecuencia del aumento en la última década de los precios de la compra y del alquiler, que ha sido superior al incremento de los salarios y de la capacidad adquisitiva de la ciudadanía.

Dados los altos precios de la vivienda y las exigencias de solvencia necesarias para obtener financiación hipotecaria destinada a su compra, la tensión se ha desplazado hacia la demanda de alquileres, cuyos precios llevan varios años aumentando en porcentajes muy elevados, en un contexto de incremento significativo de la población y una no suficiente construcción de vivienda.

Esta situación se ha visto agravada por el acelerado crecimiento en los últimos años del número de viviendas que se destinan al alquiler de uso turístico, lo que ha reducido y encarecido el mercado del alquiler permanente y habitual, además de desequilibrar el tejido social y económico de los municipios y sus servicios en caso de alcanzar un elevado porcentaje.

El incremento sostenido de los precios de venta y alquiler tiene como consecuencia que un número muy alto de personas no pueda acceder a la compra o al alquiler de una vivienda y que un porcentaje también muy elevado de los inquilinos deba realizar un sobresfuerzo para poder pagar el arrendamiento de la vivienda en la que residen.

Las dificultades en el acceso y mantenimiento de la vivienda se producen en todas las comunidades autónomas y en los municipios de ciudades medias y grandes, pero es más intensa en aquellos territorios y ciudades con más población y más turismo.

Además, un año más, las quejas recibidas por el Defensor del Pueblo ponen de manifiesto que las ayudas destinadas a sufragar el alquiler de la vivienda llegan a sus beneficiarios con meses de retraso con demasiada frecuencia, y que los fondos asignados no cubren el total de las solicitudes que cumplen los requisitos establecidos.

Asimismo, el Defensor del Pueblo ha recibido quejas por el elevado porcentaje de viviendas de alquiler turístico, así como las molestias que producen, y los problemas de convivencia y vandalismo provocadas por los ocupantes sin título de viviendas.

El Defensor del Pueblo ha abogado por aplicar la Ley por el Derecho a la Vivienda para hacer frente al incremento sostenido de los precios del alquiler y limitar el incremento del alquiler turístico vivienda en los numerosos municipios donde existe el problema.

También ha indicado que debe mantenerse y ampliarse los programas de ayudas al pago del alquiler para paliar el sobresfuerzo de los hogares y que las ayudas se gestionen de manera ágil por las administraciones autonómicas, que están obligadas a resolver los expedientes con celeridad y eficacia y a destinar medios para lograrlo.

El Defensor del Pueblo ha recordado que son los poderes públicos los que deben promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacerlo efectivo el artículo 47 de la Constitución sobre el derecho a una vivienda digna.

Para ello, ha señalado que el punto de partida debe ser un aumento significativo del número de viviendas públicas y protegidas destinadas al alquiler, hasta alcanzar como mínimo la media europea con la mayor rapidez posible, a la vez que ha indicado que las viviendas públicas y protegidas deben destinarse al alquiler frente a la compra y sujetarse a un régimen de protección permanente.

Al mismo tiempo, ha recordado a las administraciones competentes que los procesos de adjudicación de vivienda han de realizarse con la mayor transparencia y eficacia, y de acuerdo con baremos públicos y objetivos. Además, ha trasladado la prioridad de erradicar el chabolismo y la infravivienda.

Sobre el Bono Alquiler Joven, el Defensor del Pueblo ha insistido un año más que las ayudas no llegaron a tiempo a los jóvenes por diferentes motivos, entre ellos, por el elevado número de solicitudes o el agotamiento del crédito presupuestario.