La Ley de Eutanasia a través de Noelia Castillo: un recorrido por sus casos clave

La Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) entró en vigor en España el 25 de junio de 2021, estableciendo un marco garantista que permite a las personas con enfermedades graves e incurables o padecimientos crónicos e imposibilitantes solicitar ayuda para morir cuando el sufrimiento resulta insoportable.

Desde entonces hasta el 31 de diciembre de 2024, según datos del Ministerio de Sanidad, se han registrado 2.432 solicitudes en todo el territorio nacional, de las cuales 1.123 culminaron con una prestación efectiva de ayuda para morir, lo que representa el 46 por ciento del total de procesos finalizados. En concreto, durante 2024 se realizaron 426 eutanasias.

El caso Noelia Castillo: una batalla judicial de dos años

El procedimiento administrativo y judicial que ha protagonizado Noelia Castillo, una joven de 25 años que recibirá este jueves la eutanasia tras quedar parapléjica tras un intento de suicidio a través de una caída desde un quinto piso en octubre de 2022, ha puesto a prueba los límites de la norma.

La joven solicitó formalmente la prestación en abril de 2024 y obtuvo el visto bueno unánime de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña tres meses después.

Sin embargo, su padre se opuso desde el principio, representado por la Fundación Española de Abogados Cristianos, y logró paralizar cautelarmente el proceso en agosto de 2024, un día antes de la fecha prevista inicialmente.

El recorrido judicial ha sido excepcional: tras agotar todas las instancias nacionales, el caso llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que también rechazó paralizar el procedimiento. El Tribunal Supremo avaló la eutanasia en enero de 2026, señalando que, aunque la dupla médica “fingió su desacuerdo para elevar la decisión” al pleno buscando mayor garantía, ello no invalidó el procedimiento ni alteró su resultado.

Las sentencias coincidieron en subrayar que Noelia Castillo tenía plena capacidad para tomar la decisión y comprender sus consecuencias.

Este caso ha evidenciado un aspecto relevante de la aplicación de la ley: la mayoría de los solicitantes, el 75,89 por ciento, supera los 60 años, con predominio de enfermedades neurológicas (32,51%) y oncológicas (29,71%).

Los casos como el de Noelia, con una edad muy inferior a la media y una oposición familiar prolongada, siguen siendo excepcionales en las estadísticas oficiales, aunque su repercusión pública ha sido determinante para consolidar la jurisprudencia en torno al derecho a morir dignamente.