La AERC pide a la Junta de Andalucía el cierre de emisoras ilegales

La Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC) ha emitido un comunicado, fechado el 27 de marzo, para expresar hacia la Junta de Andalucía su alarma por el Decreto Ley aprobado, que está pendiente de validación por la mesa del Parlamento autonómico. Dicho informe resalta la inquietud de la AERC ante dicho Decreto Ley en el que, «en un paquete de medidas con el pretexto de agilizar trámites administrativos, se cambia el régimen jurídico de gestión de las emisoras municipales, facultando a los Ayuntamientos para que puedan ceder su gestión indirecta a terceros, incluidas las emisoras comerciales». Esta variación supone la utilización de un mecanismo legislativo propio de situaciones de urgente necesidad para conseguir «sin consulta al sector, sin debate parlamentario y sin trámite de alegaciones, la derogación del marco jurídico autonómico anterior por el que se regían las emisoras municipales, que tenían prohibida la gestión indirecta», reza dicho comunicado. Esto es, la AERC subraya que los términos del Decreto Ley son contrarios a la legislación estatal básica que sirve de límite a la acción legislativa autonómica y que establece que las Comunidades Autónomas no tienen competencia para acordar la gestión indirecta de las emisoras municipales.

Explica la AERC que el Decreto Ley en cuestión «lesiona irreparablemente la capacidad del Estado de planificar y controlar el espectro radioeléctrico», ya que, solo en Andalucía, cientos de emisoras al mercado «pasarían a poder ser gestionadas sin la protección a la concurrencia y la idoneidad que garantiza la Legislación Estatal Básica». Asimismo, reza el informe que esto «genera trato discriminatorio entre operadores de radio y entre territorios del Estado, introduce inseguridad jurídica para los operadores y supone una abdicación del control de idoneidad, solvencia y capacidad necesarios para la prestación de un servicio de radiodifusión de calidad».

Cambio incomprensible

Por todo, para la AERC «resulta incomprensible el cambio de actitud de la Junta de Andalucía» e insta a que se lleven a cabo una serie de cambios. La asociación ruega al Gobierno andaluz que, «con determinación, proceda al cierre de todas las emisoras ilegales que operan en su territorio», así como que «suspenda la aprobación por vía de urgencia del mencionado Decreto Ley». Asimismo, instan «a los diferentes grupos parlamentarios andaluces y de ámbito estatal a que emprendan cuantas acciones sean pertinentes para evitar que se consume una medida como la puesta en marcha por la Junta de Andalucía». De la misma manera, piden «a los órganos jurídicos del Estado pertintentes para que velen por el cumplimiento del marco jurídico general en materia de radiodifusión y la libre concurrencia en esta materia regulada». Finalmente, a través del comunicado y como viene siendo habitual, la AERC «pide al Gobierno de España que optimice el plan técnico de las telecomunicaciones a fin de ampliar en la medida de lo posible el número de emisoras legales que operan en cada uno de los territorios españoles».