lunes, 29 agosto 2016
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Cultura

CEDRO y agregadores como Google News o Menéame tendrán 5 meses para acordar las tarifas

El proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado este viernes en el Consejo de Ministros recoge la compensación a los editores frente a determinados tipo de utilización de sus contenidos por parte de los agregadores, una medida que sería pionera en Europa.

Ese es el caso de Google News o Meneame, con quien el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) --encargado de establecer las tarifas-- tendrá que negociar los importes, cuya cifra aún no se ha estimado. Para ello se da un plazo de tres meses para fijar la metodología de cálculo de tarifas y cinco para que se pongan de acuerdo ambas partes, según ha explicado este viernes a Europa Press fuentes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Además, explican que este apartado del proyecto no hace referencia a meros enlaces o buscadores, sino a aquellos agregadores de contenidos que ordenan y facilitan contenidos más amplios.

Estas mismas fuentes explican que una cosa es la puesta a disposición a través de la búsqueda aislada, y otra es la difusión por parte de prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos, fragmentos de publicaciones y evitas que se produzca el tráfico en la página de origen.

Respecto a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que estima que enlazar a webs contenido que puede consultarse libremente en otra página es legal, el Ministerio explica que este proyecto no interfiere con dicha sentencia ya que en este caso no se trata de un "mero enlace", sino que aporta información adicional.

En concreto, en la definición de estos agregadores no entran los meros buscadores, ni un ciudadano que cuelga un enlace a una película o videoclip en su página o red social, porque "no desarrolla una labor activa".

Entre otros ejemplos, se incluirá a quienes ofrezcan listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras y prestaciones, con independencia de que dichos enlaces puedan ser proporcionados inicialmente por los destinatarios, es decir, que da igual quién ponga el enlace, el autor de la página o terceros.

El proyecto autoriza con carácter general el uso de fragmentos no significativos de contenidos informativos, de formación de opinión o de entretenimiento, si bien "con un derecho irrenunciable de compensación" a los editores u otros titulares sobre estos fragmentos.

En este apartado se excluyen a las fotografías, que siempre han requerido autorización, y también a la actividad de búsqueda mediante palabras aisladas que remiten a la página original.

En el apartado referido a las entidades de gestión, el proyecto también plantea instaurar un sistema de recaudación de ventanilla única como medio de facturación y pago con el fin de simplificar y reducir los costes de transacción de los usuarios, como es el caso de restaurantes, hoteles o peluquerías.

Para ello impone a las entidades de gestión la obligación de constituir una persona jurídica privada a la que se le encomiende la tarea de centralizar las operaciones de facturación y pago de los usuarios de derechos de propiedad intelectual.

Cultura asegura que "ninguna empresa podrá tener el control", ya que se quiere evitar el dominio del mercado y una situación de desigualdad. La situación preferible es que las entidades de gestión se pongan de acuerdo entre ellas para la creación de una nueva entidad. Para ello, las partes tendrán un plazo de cinco meses para diseñar cómo se va a llevar a cabo.

La lucha contra la piratería se llevará a cabo a través de dos frentes: la vía civil y la vía administrativa, a través de la Sección Segunda. A través de la primera de ellas se podrá acceder a la información de quién está detrás de la dirección IP, con el fin de saber contra quién se presenta la demanda.

La segunda vía pretende atacar al modelo de negocio, es decir, a aquellas páginas vinculadas al negocio local, que se lucran a través de publicidad y de ingresos directos. Para ello, se apunta a los enlazadores (en línea con lo que contempla el Código Penal) así como contra los enlaces. De esta forma, Cultura asegura que se adelantará mucho tiempo en la eliminación de contenido ilegal.

Para conseguir el objetivo, se pedirá la cooperación de las plataformas o la publicidad que se incluya, y su negativa acarreará sanción.

Uno de los avances que se pretende conseguir es la ampliación de contenidos retirados. Mientras que antes había que examinar obra a obra, ahora la orden de retirada se puede extender a obras de la misma tipología que contiene la página.

Hasta hoy, la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual ha resuelto 338 expedientes, un 83 por ciento del total de las solicitudes presentadas. De las 152 webs requeridas, todas han retirado los contenidos ofrecidos de manera ilícita y 21 han cesado su actividad.

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